La República Argentina decidió, en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conceder el asilo diplomático solicitado por María de los Ángeles Duarte Pesantes, quien desde el 12 de agosto de 2020 permanece alojada en la residencia oficial argentina en Quito en carácter de huésped por razones humanitarias, junto con su hijo menor de edad, de padre argentino.
Fuentes oficiales explicaron que las normas internacionales aplicables y razones humanitarias exigen poner fin a la situación de encierro en que se encuentra la persona asilada, generada a partir de pronunciamientos judiciales respecto de los cuales se ha alegado la violación de las garantías esenciales en la tramitación de un proceso, respecto del cual el Relator Especial de la ONU, el jurista peruano Diego García-Sayán, ha expresado su preocupación sobre la independencia de los magistrados y abogados vinculada a «vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales».
Los países firmantes de la Convención sobre Asilo Diplomático – que lo hicieron de manera voluntaria- son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Esas naciones adhirieron al tratado el 28 de marzo de 1954, salvo Perú, que lo hizo el 22 de enero de 1960; dicha Convención entró en vigencia el 29 de diciembre de 1954.
El jueves pasado, la Cancillería argentina notificó en horas de la tarde a la Embajada de Ecuador en Buenos Aires sobre la determinación que tomó el Estado nacional, decisión «producto de un largo camino, en el que pese a los esfuerzos de uno y otro gobierno, las conversaciones bilaterales no han resultado hasta el momento conducentes a la solución del problema», informaron las fuentes.
Con la intención de superar las dificultades encontradas, la Argentina propuso a Ecuador la realización de «una reunión presencial de carácter técnico con la participación de expertos de las Cancillerías de ambos países» en la semana del 12 de diciembre, en procura de consensuar los términos de la aplicación de las convenciones en materia de asilo, ampliaron.
El Gobierno nacional aseguró que su obrar se ajusta «al pleno respeto del Derecho internacional» y reiteró una vez más su disposición a recurrir a los medios de solución de controversias disponibles en ese orden jurídico, a la vez que calificó «la voluntad de preservar el excelente nivel de las relaciones bilaterales con la República de Ecuador».
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