El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé mantuvo la apelación contra la sentencia en la denominada causa Vialidad, presentada por los fiscales que actuaron en el juicio y que reclamaron revocar absoluciones por el delito de asociación ilícita.
«Mantengo el recurso de Casación interpuesto», informó por escrito el fiscal ante la sala IV del máximo tribunal penal federal del país, dijeron a Télam fuentes judiciales.
Casación recibió ya las apelaciones de todas las partes, entre ellas la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación pero absuelta al igual que los demás imputados por el delito de asociación ilícita.
Pleé debía manifestar si apoyaba o no la apelación que presentaron los fiscales ante el TOF2 Diego Luciani y Sergio Mola contra este último aspecto del veredicto, un paso formal indispensable para continuar con el cuestionamiento de la parte acusadora.
La fiscalía presentará sus fundamentos cuando Casación convoque a todas las partes a las audiencias previas antes de tomar una decisión.
La revisión del veredicto quedó a cargo de la sala IV de Casación pero ayer uno de sus integrantes, el juez Javier Carbajo, se excusó de intervenir
Carbajo es uno de los magistrados que confirmó en otro juicio oral la condena al dueño de la empresa «Austral Construcciones» Lázaro Báez por lavado de dinero y sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública que se juzga en el caso en el que ahora estaba llamado a intervenir
«Considero que mi intervención en estas actuaciones puede poner en crisis la garantía de imparcialidad que le asiste al acusado», sostuvo Carbajo en su excusación.
Por otro lado, los abogados que representan a la exmandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, recusaron a los tres jueces de la Casación que integran la sala que debe intervenir en la revisión de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público.
«En cumplimiento de nuestras obligaciones como abogados defensores, venimos a recusar a los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo -más allá de la inhibición ya postulada por este último-, a mérito de las razones objetivas que habrán de ser explicadas en el siguiente apartado», sostuvieron los abogados.
La defensa de la vicepresidenta recusó a Carbajo por haber adelantado su opinión sobre el tema, mientras que a los jueces Hornos y Borinsky porque ya intervinieron en la causa y por supuesta falta de independencia y parcialidad a partir de que trascendió que mantuvieron encuentros sociales con el expresidente Mauricio Macri cuando se desempeñaba al frente del Poder Ejecutivo.
«Visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la Pesidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales», señalaron los abogados Beraldi y Llernovoy en relación a los jueces Hornos y Borinsky.
La Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver sobre las presentaciones realizadas por las distintas partes contra la sentencia de la Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que fue apelado, entre otros, por la vicepresidenta que reclamó su absolución y por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que reclamaron agravar las condenas.
Al apelar el fallo condenatorio, la defensa de la exmandataria reclamó su absolución por considerar que fue «injustamente condenada» con «graves errores y arbitrariedades» y que existe «un supuesto de enorme gravedad institucional».
«Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular», agregaron.
La condena «se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico», advirtieron los abogados de la vicepresidenta.
Por su parte, el fiscal Diego Luciani reclamó que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.
En aquella presentación, los representantes del ministerio público fiscal también reclamaron que Casación revoque las absoluciones que favorecieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los exfuncionarios Abel Fatala y Héctor Garro.
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