La justicia salteña le ordenó al Gobierno provincial mejorar las condiciones de acceso a la salud para niños y niñas indígenas y sus familias, en los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria y en Salta capital, se informó hoy.
La sentencia ordena al Poder Ejecutivo salteño designar facilitadores y facilitadoras interculturales de las comunidades indígenas en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria y también en Salta capital, y a garantizar albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.
El Juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, concedió hoy «la medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo ‘Infancia en Deuda’- y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, en el amparo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856 de salud intercultural», informó un comunicado de la primera organización.
La sentencia dispuso que, hasta tanto se resuelva el fondo de la demanda, el Poder Ejecutivo Provincial -en particular al Ministerio de Salud Pública salteño- designe facilitadores y facilitadoras interculturales en los hospitales de los departamentos donde se declaró la emergencia socio-sanitaria (Orán, Rivadavia, San Martín) y también en Salta capital, y que se disponga el establecimiento de albergues de tránsito para las y los pacientes y las familias indígenas que deban ser trasladadas por motivos de salud.
Estas poblaciones «son discriminadas sistemáticamente, y por ello enfrentan graves obstáculos en el acceso al derecho a la salud. Por ello, este fallo es fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la salud por parte de niños y niñas indígenas en estos territorios».
La presencia de facilitadores y facilitadoras -es decir, de integrantes de las comunidades indígenas que formen parte del personal de salud-, tiene por objetivo «acompañar y representar a los niños y niñas indígenas y sus familias y mejorar así las condiciones de acceso a la salud desde el paradigma de la interculturalidad. De la misma manera, la medida cautelar colaborará con la incorporación de las comunidades y pueblos indígenas en la planificación de la política pública sanitaria».
En cuanto a los albergues institucionales de tránsito, «tienen la finalidad de brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia, mientras sea necesaria su permanencia por motivos vinculados a su atención de salud, ya que las deficiencias estructurales de su lugar de residencia, el traslado hospitalario es una realidad cotidiana», agregó el comunicado.
En cuanto al pedido de aplicación y reglamentación de la ley N° 7856 el juez resolvió que la causa «se siga tramitando ante la Corte Suprema de Salta por cuestiones procesales de competencia. Es indispensable que la Corte resuelva de forma adecuada y oportuna estos aspectos, para garantizar el derecho a la salud de los niños y niñas de estas comunidades».
En Salta residen aproximadamente 500 comunidades indígenas que pertenecen a más de 14 pueblos originarios y viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable, reseña ACIJ.
La situación es «especialmente preocupante para las niñas y niños que residen en Rivadavia, Orán y San Martín, ubicados en el norte de la provincia. Estos departamentos, desde enero de 2020, y a partir del fallecimiento de al menos nueve niñas y niños indígenas, se encuentran en situación de emergencia sociosanitaria. Pese a que el Poder Ejecutivo Salteño debía tomar todas las medidas necesarias para modificar esta situación, todavía persisten las vulneraciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes», precisó.
Según información oficial, al menos 7.543 niñas y niños hasta 5 años que residen allí se encuentran en estado de riesgo nutricional.
Además, los fallecimientos están lejos de disminuir: según el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros seis meses de 2021 hubo 64 casos.
A su vez, recientemente el actual Ministro de Salud Pública de la provincia reconoció públicamente que este año se inició con más muertes por desnutrición y complicaciones por deshidratación, según el comunicado de la ACIJ.
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