Consultores advierten que la confrontación con el Poder Judicial le hace perder al oficialismo el voto moderado, clave en las elecciones de 2019
Tras el escándalo de la vacunación VIP, el presidente Alberto Fernández y su gobierno encontraron en la confrontación con el Poder Judicial una salida hacia adelante y, a la vez, un refugio donde replegarse luego de una tormenta que dañó varias de las promesas de campaña y de gestión: priorizar a los más débiles y terminar con los privilegios.
La munición gruesa contra la Justicia y el casting a cielo abierto de candidatos para reemplazar a Marcela Losardo en la conducción del ministerio del área, que terminó con la designación del rionegrino Martín Soria, iluminan el funcionamiento de la coalición de gobierno y del enmarañado proceso de toma de decisiones presidencial y anticipan el tono que tendrá la campaña electoral.PUBLICIDAD
Parece haber consenso en los trazos gruesos del diagnóstico sobre el (mal) funcionamiento del Poder Judicial —tiempos excesivamente largos, acomodo a los vientos de la política, permeabilidad a intereses privados— pero los caminos para solucionar los problemas no están claros. Más, cuando con la judicialización de la política —y su contracara, la politización de la Justicia— desplazan la resolución de ciertos problemas de las urnas a los tribunales.
Para el politólogo Carlos Fara, titular de la consultora Fara & asociados, con el conflicto con la Justicia “el gobierno da satisfacción simbólica a su núcleo duro sobre el tema” y abre el paraguas ante posibles fallos adversos contra la vicepresidenta y algunos funcionarios de su gobierno.
“Si son decisiones en su contra, al menos le pone el marco de que son fallos politizados, que no se ajustan a derecho”, analiza.
De acuerdo al politólogo Gustavo Marangoni, director de M&R Asociados, los beneficios de la jugada del gobierno no están claros. “Cuando uno advierte que tiene un adversario la lógica política supone el intento de dividirlo, no de aglutinarlo —explica—. El mensaje de que es la Corte, Comodoro Py, los fiscales y las ganancias de todo el sector judicial tiende a amalgamar a quienes se ubica en la vereda de enfrente. Habrá que ver si hay una especie de vandorismo, un pegar para negociar, o si el esquema va a ser simplemente establecer al Poder Judicial en el carril de la confrontación”.
Por su lado, el consultor Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba y Asociados, recuerda que la tensión entre el actual oficialismo y la Justicia se remonta al primer kirchnerismo, y sugiere al gobierno desmarcarse del clima de confrontación permanente y trabajar una política propia, de mediano y largo plazo. “Allí sí pueden generarse consensos en torno a una eventual reforma judicial, aunque tampoco se puede contentar al 100 por ciento de la sociedad”, remarca.
Riesgos
Lo cierto es que si las ganancias de la estrategia de la Casa Rosada parecen difusas, los costos asoman con mayor nitidez.
La socióloga Celia Kleiman, directora general de la consultora Polldata, identifica dos riesgos para el gobierno: por un lado, gatillar una respuesta reactiva en el ámbito judicial; por el otro, alejarse de la agenda social. “El tema de la reforma de la Justicia no figura hoy entre las demandas prioritarias de la población que se centran, principalmente, en el tema económico, en términos de desocupación e inflación, y en la vacunación masiva”, afirma.
En la misma línea, Fara identifica una pérdida adicional para el gobierno: el alejamiento de votantes moderados que en 2019 rechazaron el ajuste de Macri pero que confiaron en que Fernández podía expresar un tipo de liderazgo diferente al de Cristina. “Con este nivel de confrontación, y por razones que no considera legítimas, ese electorado se pierde por el camino”, subraya.
Según Córdoba el principal costo que paga el gobierno se debe a la desprolijidad con la que se manejó la salida de Losardo —que no era cualquier ministra, sino una amiga personal y socia de Fernández en su estudio jurídico— y el anuncio de su reemplazante.
Precisamente, el perfil de Soria parece encajar mejor con lo que pretende la conducción del Frente de Todos en esta nueva etapa. “Parece estar más habilitado para una cancha más embarrada o para un partido más áspero —observa Marangoni—. Hay que ver cómo sigue pero se ve un tono más fuerte”. Kleiman subraya que en los últimos meses se detecta en la opinión pública una percepción que debería inquietar a Fernández: la creciente incidencia de Cristina en algunas decisiones y acciones del Ejecutivo. “Probablemente, este acontecimiento aporte un granito de arena en esa dirección”, considera.
Clave de campaña
Para la consultora el discurso del presidente en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso marca un giro en el estilo con el que comenzó su gestión y no cree que haya tiempo ni intencionalidad de modificar este tono para la campaña, que en su visión tiene como objetivo prioritario afianzar el voto del núcleo más fiel, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Marangoni aconseja al gobierno anclarse en otras cuestiones de las que podría sacar más beneficio, como la recuperación económica. “Los niveles de actividad vienen dando mejor, aunque siempre con la amenaza de la inflación —afirma el ex presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires—. Si hay una cancha en la que el gobierno se puede parar de una manera más robusta y con algo que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente de a pie es la recuperación económica. Obviamente, también habrá que ver cómo avanza la cuestión de las vacunas y si el gobierno lo puede convertir en un activo de campaña”.
Según Fara, la dinámica política en la que ingresó el país después de la carta de Cristina del 26 de octubre es de progresiva confrontación y “no tiene vuelta atrás”. En su opinión, el debate electoral girará otra vez alrededor de su figura. “La jefa de campaña y la candidata simbólicamente hablando va a ser de ella —proyecta—. Cristina y Máximo van a decir los candidatos y Alberto solamente va a poder incidir en algún nombre de segundo o tercer nivel”.
Fuente: lacapital.com.ar
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