Escandalo en la AFA: La justicia investiga el desvió de 50 millones de dólares a cuentas offshore

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta una de sus crisis judiciales más profundas. La Justicia Federal ha puesto bajo la lupa un presunto esquema de desvío de fondos por al menos 50 millones de dólares. La investigación sugiere que este dinero, originado principalmente por ingresos de la Selección Argentina en el exterior, nunca llegó a las arcas de los clubes y fue canalizado hacia sociedades fantasma.

Ejes centrales de la investigación

Empresas Pantalla en Miami: El juez federal Luis Armella lidera la investigación sobre transferencias millonarias a cuatro empresas sin actividad real en Estados Unidos. Se sospecha que estas firmas recibieron pagos de patrocinadores que debieron ingresar directamente a la AFA.

El Rol de Javier Faroni: La justicia citó al productor teatral Javier Faroni y a su esposa, Erika Gilet, responsables de la firma TourProdEnter. Se investiga si esta empresa funcionó como intermediaria para evitar que las divisas generadas por la Selección ingresaran al país.

Conexión con Sur Finanzas: La causa también analiza la vinculación con la financiera Sur Finanzas, donde se habrían realizado maniobras de lavado de activos y evasión mediante el uso de facturas apócrifas y contribuyentes inexistentes.

Denuncia de ARCA: El organismo fiscal (anteriormente AFIP) detectó irregularidades por 19.300 millones de pesos en movimientos incompatibles con la capacidad económica declarada por ciertos monotributistas vinculados a la red.

Implicancias para la cúpula de la AFA

La investigación compromete directamente la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Según los informes, se han recibido pruebas bancarias clave enviadas desde Estados Unidos que podrían acelerar el llamado a indagatoria por lavado de dinero.

Por su parte, la AFA emitió un comunicado negando las acusaciones, calificándolas como una «campaña de difamación» y asegurando que sus cuentas están en orden. No obstante, el Gobierno Nacional ya ha sido aceptado como querellante en la causa, lo que refuerza la presión sobre la dirigencia deportiva.

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