En un fallo clave, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 denegó la medida cautelar presentada por la central obrera. La Ley de Modernización Laboral 27.802 continúa plenamente vigente.
La Justicia Federal dictó hoy un fallo determinante que impacta de lleno en el escenario sindical y político del país. El juez Enrique Lavié Pico rechazó la medida cautelar interpuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT), que buscaba suspender la aplicación de artículos críticos de la nueva Ley de Modernización Laboral, publicada en el Boletín Oficial apenas cinco días atrás.
El eje de la disputa
La presentación de la CGT apuntaba específicamente a frenar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la justicia contenciosa administrativa federal. Este punto ha generado una fuerte resistencia entre magistrados y abogados laboralistas, quienes advierten sobre una posible «disolución del fuero» y una pérdida de derechos para los trabajadores.
Sin embargo, la decisión judicial de hoy permite que la reforma siga su curso, manteniendo la vigencia de la norma sancionada recientemente por el Congreso.
Puntos clave del fallo y la ley:
–Vigencia inmediata: La mayoría de las disposiciones de la Ley 27.802 rigen desde su publicación el 6 de marzo de 2026, con excepciones mínimas que entrarán en vigor en 2027 y 2028.
–Rechazo a la cautelar: El Juzgado N° 7 no encontró elementos suficientes para dictar la suspensión de los artículos cuestionados en esta instancia.
–Traspaso del fuero: Se mantiene el plazo previsto para la transferencia de competencias laborales a la Ciudad, un proceso que el Gobierno busca agilizar por cuestiones presupuestarias.
Desde el sector sindical, dirigentes como Octavio Argüello calificaron la norma como «totalmente regresiva», asegurando que deja a los trabajadores en una situación de indefensión. Por su parte, el Gobierno celebra el fallo como un respaldo a la modernización del sistema, confiando en que el sistema judicial no frenará los cambios estructurales.
A pesar de este revés para la CGT, el proceso judicial continuará, ya que el juzgado ha decidido abrir la demanda de fondo para analizar la constitucionalidad de la ley en el largo plazo, aunque sin suspender sus efectos por el momento.
