Con el objetivo de reducir el gasto público y modernizar el sistema electoral, la administración de Javier Milei impulsa un proyecto de ley para suprimir las primarias y consolidar la Boleta Única de Papel.
El Poder Ejecutivo ha vuelto a colocar en el centro de la agenda legislativa de 2026 la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Esta iniciativa, que ya había sido esbozada en periodos anteriores, busca ahora un tratamiento acelerado en el Congreso antes de que el calendario electoral de 2027 comience a condicionar el debate parlamentario.
Los ejes centrales de la reforma
El proyecto gubernamental se apoya en tres pilares fundamentales que pretenden transformar la dinámica política del país:
–Eliminación de las PASO: El Gobierno argumenta que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias funcionan como una «encuesta costosa» que no resuelve disputas internas reales en la mayoría de los casos y genera un gasto excesivo para el Estado.
–Boleta Única de Papel (BUP): Tras la experiencia de las legislativas de 2025, el oficialismo busca consolidar este sistema a nivel nacional para terminar con el modelo de «boleta sábana» partidaria, reducir costos de impresión y evitar prácticas como el robo de boletas.
–Requisitos para partidos políticos: La reforma propone endurecer las condiciones para que las agrupaciones políticas mantengan su personería jurídica, buscando reducir la fragmentación de listas y asegurar una representatividad mínima real.
Desde la Casa Rosada, se enfatiza que la supresión de las primarias ahorraría decenas de miles de millones de pesos. Según estimaciones oficiales, solo en el ciclo electoral anterior el costo de logística y financiamiento de boletas para las PASO representó una carga injustificada para las arcas públicas en un contexto de ajuste fiscal.
Pese al impulso oficialista, el camino no está exento de obstáculos. Fuentes parlamentarias indican que la oposición, especialmente aquellos sectores con estructuras partidarias más horizontales que utilizan las PASO para dirimir sus liderazgos, presentará resistencia. El oficialismo necesita ahora tejer alianzas con gobernadores y bloques dialoguistas para alcanzar la mayoría necesaria, con la meta de sancionar la ley antes de mediados de año.
