En un avance decisivo para la causa que conmociona al país, la Justicia ordenó la detención inmediata de Mariela Beatriz Altamirano y Maicol González, madre biológica y padrastro del pequeño Ángel Nicolás López, de tan solo 4 años. El operativo, realizado durante la noche del domingo 12 de abril de 2026, tuvo lugar en un departamento de la calle San Martín, donde la pareja se encontraba alojada bajo custodia policial tras denunciar amenazas de linchamiento.
Claves del operativo y la acusación
La medida fue dispuesta por el fiscal Facundo Oribones ante el inminente riesgo de fuga y tras recibir los resultados de las pericias que confirmaron la existencia de golpes y traumatismos previos en el cuerpo del niño.
–Imputación: La pareja enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo (en el caso de la madre) y por alevosía, delito que prevé una pena de prisión perpetua.
–El detonante: Las contradicciones en los relatos de los acusados y los informes forenses que sugieren que la muerte no fue un accidente doméstico, sino el resultado de un contexto de violencia sostenida.
–Antecedentes: González, el padrastro, es profesor de taekwondo y ya contaba con antecedentes por violencia en el sur del país.
Un sistema de protección bajo la lupa
El fallecimiento de Ángel, ocurrido el pasado 6 de abril, expuso graves fallas en el sistema judicial de Chubut. Según denunció el padre biológico del menor, Luis Armando López, el niño le había manifestado a un juez, apenas dos meses antes de su muerte, que «no quería vivir con su mamá porque le pegaba».
Pese a las advertencias y a que la madre biológica lo había abandonado cuando era un bebé —siendo criado por Lorena Andrade, su madre de crianza—, la Justicia le otorgó la tenencia a Altamirano hace solo tres meses. La denuncia penal del padre también apunta contra el juez de Familia Pablo José Pérez y la asesora Verónica Roldán por presunta negligencia en el seguimiento del caso.
Se espera que los detenidos sean trasladados a sede judicial este martes para prestar declaración indagatoria, mientras la sociedad de Comodoro Rivadavia continúa movilizada exigiendo justicia bajo la consigna de la «Ley Lucio».
