A través del Decreto 253/2026, el Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la delegación de facultades a nueve provincias para que puedan licitar, adjudicar y administrar tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. La medida busca que las jurisdicciones locales diseñen sus propios esquemas de concesión para financiar obras de mantenimiento y mejora mediante el cobro de peajes, sin depender de fondos del Tesoro Nacional.
Provincias alcanzadas por la medida
El esquema de delegación, definido como funcional, limitado, temporal y revocable, incluye inicialmente a los siguientes distritos:
–Córdoba
–Corrientes
–Mendoza
–Neuquén
–Río Negro
–San Juan
–San Luis
–Santa Cruz
–Santa Fe
Puntos clave del nuevo esquema vial
Titularidad Nacional: El Estado Nacional mantiene la propiedad y la jurisdicción federal de las trazas.
Control Técnico: La Dirección Nacional de Vialidad conservará sus funciones de supervisión y control técnico sobre los contratos que celebren las provincias.
Plazos de Concesión: Los contratos de concesión que establezcan las provincias no podrán exceder un máximo de 30 años.
Financiamiento: Las provincias que adhieran deberán asumir la ejecución de obras y el mantenimiento con recursos propios o provenientes del sistema de peajes que implementen.
Objetivos y repercusiones
La decisión del gobierno de Javier Milei apunta a descentralizar la gestión de infraestructura en corredores estratégicos, como los vinculados a la actividad de Vaca Muerta o los accesos portuarios. Por ejemplo, en Santa Fe, el gobierno provincial ya prevé intervenir la ruta A012, clave para el complejo portuario del Gran Rosario.
Por el contrario, la provincia de Buenos Aires no ha sido incluida en este esquema inicial y su empresa estatal, AUBASA, fue expresamente excluida de etapas anteriores de licitación de la Red Federal de Concesiones.
