Tras el levantamiento del secreto de sumario, la justicia detectó un aceitado esquema de sobornos que exigía retornos de hasta el 20% en dólares para habilitar el acceso al mercado de cambios durante la gestión anterior.
La investigación judicial sobre el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) ha dado un giro determinante. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi avanzan sobre una red de corrupción que operó entre 2022 y 2023, la cual habría facilitado de forma discrecional el acceso al dólar oficial a cambio de millonarias coimas.
Según el expediente, se montó una «ventanilla paralela» donde empresarios e importadores debían pagar un «peaje» de entre el 10% y el 20% del valor de la operación para que sus solicitudes fueran aprobadas.
La maniobra aprovechaba la brecha cambiaria: los beneficiarios accedían a divisas al tipo de cambio oficial para luego canalizar excedentes en el mercado paralelo o realizar un «rulo» financiero con ganancias extraordinarias. Se estima que el perjuicio total o el volumen de maniobras investigadas podría oscilar entre los 1.500 y 7.000 millones de dólares.
El levantamiento del secreto de sumario permitió conocer detalles extraídos de peritajes telefónicos, particularmente de dispositivos vinculados a figuras como Elías Piccirillo y su entorno. En los chats analizados, se detallan comunicaciones sobre cómo «liberar» declaraciones de importación para rubros específicos, como maquinaria y repuestos, mencionando márgenes de ganancia para los intermediarios.
Hasta el momento, la investigación apunta a:
–Cinco funcionarios del Banco Central (BCRA) del área de Supervisión de Entidades No Financieras, quienes presuntamente autorizaban los permisos de forma discrecional.
-Una red de más de 20 agencias financieras e «intermediarios» que operaban como nexo entre el sector privado y el público.
–Seis empresarios ya imputados por el pago de estos retornos para asegurar sus importaciones bajo el esquema del entonces Ministerio de Economía.
La justicia ha realizado más de 30 allanamientos y ha solicitado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas. Entre las operaciones bajo sospecha, también se investiga la compra de casi 300 aviones privados con dólares oficiales bajo este mismo sistema.
Con el secreto de sumario levantado, se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevos llamados a indagatoria, escalando hacia los niveles de decisión política que supervisaban el sistema SIRA durante el periodo investigado.
