La Paz y las principales rutas de Bolivia continúan bajo un fuerte cerco por protestas, luego de un masivo operativo militar y policial que dejó decenas de detenidos, cerca de cincuenta heridos y graves denuncias de represión en la ciudad de El Alto. A poco más de seis meses de haber asumido el poder, el gobierno del centrista Rodrigo Paz enfrenta su escenario más crítico, acosado por una huelga general indefinida y el desabastecimiento generalizado de alimentos y combustibles.
Falló el operativo «Corredor Humanitario»
Durante el fin de semana, el Poder Ejecutivo desplegó un masivo contingente de más de 3.500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas. El objetivo de la denominada operación «Corredor Humanitario» era desbloquear las carreteras estratégicas que conectan La Paz con el resto del país y con las fronteras de Chile y Perú.
Los choques más violentos se concentraron en los sectores de Lipari y Río Seco, en la combativa urbe de El Alto, donde manifestantes civiles resistieron el avance de los uniformados utilizando piedras, palos y cargas de dinamita. La policía respondió con un uso intensivo de gases lacrimógenos. Aunque el gobierno logró liberar temporalmente algunos tramos para el paso de camiones cisterna y suministros médicos, los manifestantes retomaron sus posiciones en las barricadas pocas horas después de que se ordenara el repliegue de las tropas.
Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, la intervención estatal arrojó un saldo de al menos 47 heridos y cerca de 100 personas bajo custodia policial. Paralelamente, organizaciones sociales en El Alto denunciaron el fallecimiento de personas producto de la represión, una versión que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, desmintió categóricamente al asegurar que no se utilizaron armas letales contra los manifestantes.
Un pliego de reclamos que se radicalizó
Las movilizaciones, lideradas por la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) junto a federaciones campesinas, maestros, cooperativistas mineros y gremios del transporte interprovincial, comenzaron originalmente como un reclamo sectorial. Las exigencias iniciales se enfocaban en:
-Una recomposición salarial urgente frente al acelerado aumento de la inflación.
-Respuestas estructurales ante la severa escasez de dólares y combustibles.
-El rechazo al polémico Decreto 5503 (que retiró subsidios a carburantes) y a la controvertida Ley 1720 de reforma agraria.
Pese a que las autoridades ensayaron una estrategia de división gremial firmando acuerdos con pequeños sectores de El Alto y maestros urbanos, la cúpula mayor de la COB ratificó el paro indefinido. Con el correr de los días y tras la intervención de las fuerzas del orden, las consignas se unificaron bajo un solo reclamo radical: la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz.
Repercusiones internacionales y el «Factor Evo»
La crisis en el país andino ya generó fuertes repercusiones geopolíticas. Una alianza de ocho países de la región —incluyendo a Argentina, Chile, Ecuador y Perú— emitió una declaración conjunta manifestando su honda preocupación por la crisis humanitaria provocada por el desabastecimiento, al tiempo que ratificaron su respaldo al gobierno constitucional de Paz. En sintonía, el gobierno de Estados Unidos advirtió sobre los intentos de desestabilización en la región. Como gesto de asistencia, el presidente argentino Javier Milei facilitó el envío de un avión Hércules C-130 para colaborar en el puente aéreo de alimentos e insumos esenciales hacia las zonas cercadas.
Por su parte, el oficialismo boliviano acusa directamente al expresidente Evo Morales de orquestar un «plan macabro» financiado de forma ilícita para interrumpir el hilo democrático. Morales, quien actualmente enfrenta procesos judiciales por presunta trata de personas y se encuentra refugiado en el Chapare, rechazó las acusaciones oficiales. El exmandatario denunció que el despliegue militar responde a un plan de los Estados Unidos para capturarlo o asesinarlo, mientras columnas de sus seguidores («evistas») iniciaron marchas desde Oruro y Cochabamba con el objetivo de ingresar a la sede de gobierno, amenazando con profundizar aún más el caos social en las próximas horas.
