Dos nuevos imputados clave en la causa judicial que investiga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se negaron a declarar tras presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py. La determinación judicial mantiene en vilo al entorno del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, quien también optó por el silencio en su respectiva indagatoria semanas atrás.
La investigación, liderada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Franco Picardi, avanza sobre un presunto esquema de corrupción, lavado de dinero, cartelización y desvío de fondos públicos. La causa cobró un volumen descomunal luego de que auditorías del propio Ministerio de Salud e informes fiscales detectaran una nueva ruta de desvíos. Esta maniobra involucra más de 75.000 millones de pesos destinados originalmente a la adquisición de medicamentos de alto costo, prótesis y elementos ortopédicos básicos.
Los puntos centrales de la jornada judicial
Los imputados hicieron uso de su derecho constitucional para no brindar testimonio. Buscarían analizar en detalle las nuevas pruebas acumuladas en el expediente antes de responder preguntas.
La Justicia los investiga por su presunta vinculación con maniobras de lavado de activos y facilitación de un circuito ilegal de contrataciones.
El extitular de la ANDIS inauguró esta ronda de 29 indagatorias negándose también a declarar, rechazando la validez de los audios filtrados que iniciaron la causa.
Una trama corporativa con sobreprecios de hasta el 4000%
El expediente judicial sumó recientemente auditorías alarmantes sobre el programa Incluir Salud. De acuerdo con las pericias, la organización criminal operaba mediante un grupo selecto de proveedores direccionados. Esto anulaba la libre competencia y permitía registrar sobreprecios de hasta el 4239% en insumos esenciales como andadores, sillas de ruedas y válvulas cardíacas.
La sospecha central de la fiscalía apunta a que intermediarios y exfuncionarios coordinaban el cobro de retornos ilegales de entre el 10% y el 20% sobre el valor total facturado al Estado. Los investigadores avanzan ahora sobre el análisis de servidores informáticos secuestrados y cruces de llamados para determinar el destino final del dinero desviado.
