Un jurado popular declaró culpables de forma unánime a Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil por el brutal crimen cometido en 2023. El móvil económico y la traición marcaron el destino de los condenados en los Tribunales de Lomas de Zamora.
El juicio por el homicidio de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba llegó a su resolución definitiva. Tras ocho intensas jornadas de debate, un jurado popular compuesto por 12 civiles declaró culpables por unanimidad a los tres principales imputados, lo que derivó en la pena de prisión perpetua.
La medida recayó sobre el exsocio de la víctima, Maximiliano Pilepich, junto a Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora ratificó la máxima sanción luego de convalidar la acusación por el delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, alevosía, codicia y el concurso premeditado de dos o más personas.
Una trampa motivada por la codicia
La reconstrucción fiscal determinó que el asesinato del comerciante y trader de criptomonedas se ejecutó entre el 18 y el 19 de julio de 2023. La víctima fue citada bajo engaños en el predio inmobiliario «El Renacer» de General Rodríguez, con el supuesto fin de saldar una deuda cercana a los 50.000 dólares que los agresores mantenían con él.
De acuerdo con la hipótesis respaldada por el veredicto, los implicados planearon una emboscada milimétrica. Pérez Algaba recibió dos disparos por la espalda mientras se encontraba indefenso, configurando la figura legal de alevosía. El móvil económico quedó plasmado como el eje central de la traición familiar y comercial.
El macabro hallazgo que conmocionó al país
Días después del ataque, el caso tomó trascendencia pública e internacional cuando los restos desmembrados del empresario de 41 años aparecieron dentro de una valija roja y una mochila. El hallazgo fue realizado por un grupo de chicos que jugaba junto al arroyo del Rey, en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
A lo largo del proceso judicial, las defensas intentaron desvincular a sus representados mediante acusaciones cruzadas. El propio Pilepich llegó a declarar ante el tribunal civil asegurando que «era su amigo» y que no lo había matado. Sin embargo, las pericias tecnológicas, las antenas de los teléfonos celulares y los audios de amenazas previas aportados por la fiscalía resultaron determinantes para disipar cualquier duda razonable.
Con este fallo unánime del jurado popular, la familia de la víctima encuentra un cierre judicial a uno de los crímenes corporativos y mafiosos más cruentos de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.
