El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley inspirado en el modelo de los Estados Unidos para aplicar un mecanismo de «cierre del Gobierno» local. El objetivo central de la iniciativa es establecer que, si las partidas presupuestarias de una repartición estatal se agotan, el Estado quede automáticamente inhabilitado para continuar realizando erogaciones. «Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado», definió el mandatario.
Un cerrojo fiscal sin precedentes en el país
El anuncio fue realizado por el Jefe de Estado durante una entrevista de streaming, donde detalló que esta herramienta funcionará en sintonía con un paquete de medidas destinadas a blindar el equilibrio de las cuentas públicas. La iniciativa ingresará al ámbito del Congreso Nacional para su discusión parlamentaria.
A diferencia del formato estadounidense, donde el government shutdown se activa de forma temporal por la falta de un acuerdo político en el Poder Legislativo para aprobar la ley de presupuesto, la variante que diseña la Casa Rosada se dispararía por el agotamiento físico de los créditos asignados. De este modo, si un organismo consume la totalidad de sus recursos económicos planificados antes de la finalización del ejercicio, no podrá recibir ampliaciones de fondos por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) ni reasignaciones presupuestarias provenientes de otras carteras.
La articulación con el Banco Central y sanciones penales
El proyecto de «cierre gubernamental» se presentará de manera interrelacionada con la anunciada reforma profunda a la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El oficialismo busca bloquear los dos canales tradicionales de financiamiento del déficit público:
- Emisión monetaria cero: se prohibirá legalmente la asistencia financiera de la autoridad monetaria hacia el Tesoro Nacional.
- Penas de prisión: el esquema contemplará severas sanciones dentro del Código Penal para aquellos funcionarios que violen la independencia de la entidad o emitan moneda para cubrir baches fiscales.
- Caja estricta: sin la posibilidad de emitir ni de sobreecutar las partidas aprobadas, cada repartición de la administración pública nacional deberá ceñirse estrictamente a sus recursos limitados.
El debate técnico y los desafíos de su implementación
La propuesta abre un complejo escenario de discusión jurídica y operativa respecto a qué áreas podrían quedar exceptuadas. En los cierres administrativos de los Estados Unidos, las agencias esenciales —como las fuerzas de seguridad, la defensa nacional y el control fronterizo— continúan prestando servicios regulares, mientras que el personal de áreas no esenciales es licenciado.
En el plano local, los analistas advierten sobre la fricción constitucional que provocaría el congelamiento de partidas destinadas a obligaciones permanentes y de alta sensibilidad social:
1-Gastos fijos: la parálisis automática de erogaciones esenciales como jubilaciones, salarios de la administración pública, sistemas de salud o transferencias a las provincias requerirá de definiciones sumamente específicas en la letra chica de la ley para evitar una ola de demandas ante la Justicia.
2-Marco legal vigente: actualmente, la Ley de Administración Financiera establece que, ante la falta de un presupuesto sancionado por el Poder Legislativo, rige la prórroga de la pauta del año anterior adaptada por el Ejecutivo, una herramienta que evitaba el cese de actividades estatales y que la nueva norma busca redefinir radicalmente.
El diseño del proyecto definitivo se encuentra bajo análisis conjunto en la Quinta de Olivos entre el mandatario, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de la cartera de Desregulación Federico Sturzenegger y el presidente del Banco Central Santiago Bausili.
