Tras semanas de intensas negociaciones, el oficialismo de La Libertad Avanza decidió retirar el polémico capítulo de la reforma a la Ley de Tierras que habilitaba la venta de campos a extranjeros sin límites, con el fin de destrabar el tratamiento legislativo y asegurar el quorum frente al rechazo de gobernadores y bloques opositores. A pesar de esta marcha atrás, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo mantiene reformas sustanciales en materia de desalojos exprés, expropiaciones estatales y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, lo que generó convocatorias a protestas y marchas en las inmediaciones del Congreso por parte de la CGT, las CTA y agrupaciones de izquierda.
El oficialismo cedió ante la presión de la oposición y los gobernadores para asegurar la sesión. El proyecto mantiene fuertes reformas en el régimen de desalojos inmediatos, expropiaciones y manejo del fuego. Sindicatos y movimientos sociales se movilizan al Congreso en rechazo.
La Cámara de Senadores de la Nación retoma este jueves la sesión que permanecía en cuarto intermedio para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas centrales de la agenda desreguladora del Poder Ejecutivo. La sesión, pautada para dar inicio a las 14:00 horas, llega rodeada de tensión política y una fuerte paridad numérica en el recinto.
Para evitar un escenario de derrota legislativa, los operadores de La Libertad Avanza debieron ceder a última hora del miércoles y dar de baja el capítulo III del paquete original, el cual eliminaba las restricciones vigentes para que ciudadanos y corporaciones extranjeras adquirieran tierras rurales, productivas y fronterizas en territorio argentino. La falta de apoyo por parte de los gobernadores aliados terminó por sepultar la propuesta diseñada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
A pesar de esta quita, el dictamen que se discutirá hoy conserva más de 40 artículos que alteran profundamente las reglas de juego dominiales en el país. A continuación, los ejes centrales que definirán el debate parlamentario:
Los puntos clave que se votan en el recinto
Desalojos inmediatos: Se introduce un mecanismo de «desalojo exprés» que faculta a los jueces a ordenar la restitución anticipada de un inmueble o terreno ocupado en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario acredite la titularidad mediante prueba documental.
Límites a las expropiaciones: La declaración estatal de “utilidad pública” pasará a interpretarse bajo criterios estrictamente restrictivos. Además, se fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y se establece un nuevo cálculo de intereses basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación.
Modificaciones al Manejo del Fuego: Se deroga la prohibición que impedía cambiar el uso de suelo y comercializar terrenos rurales y praderas por un lapso de 30 años tras haber sufrido un incendio. Para los bosques nativos incendiados se sostendrá la protección ambiental, aunque se elimina el plazo prohibitivo de 60 años fijado por legislaciones previas.
Regularización de escrituras: El proyecto incluye una reforma a la «Ley Pierri» para agilizar los trámites dominiales de familias que certifiquen la posesión pública y pacífica de una vivienda única durante los últimos 10 años.
Clima de tensión dentro y fuera del Palacio Legislativo
El inicio de la jornada legislativa estará marcado por la discusión reglamentaria en torno al pedido de participación remota de los senadores Anabel Fernández Sagasti (por licencia médica de embarazo) y Flavio Fama (por una intervención quirúrgica reciente). Sus autorizaciones deberán ser convalidadas de forma presencial por el pleno de la Cámara, lo que añade incertidumbre al poroteo de votos inicial.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ratificaron una concentración masiva frente al Congreso a partir del mediodía. Los referentes sindicales argumentan que el proyecto vulnera los derechos habitacionales de los sectores vulnerables y limita la capacidad regulatoria del Estado en áreas estratégicas, por lo que mantendrán la protesta civil a pesar de las modificaciones concedidas por el oficialismo en la Ley de Tierras.
