La Justicia de Córdoba ordenó el arresto de un matrimonio que alquilaba la planta alta de la vivienda donde ocurrió el brutal femicidio. Una prueba de sonido demostró que es «materialmente imposible» que no hayan escuchado el ataque a la adolescente de 14 años.
El caso que mantiene en vilo a todo el país sumó un nuevo y estremecedor capítulo. La Fiscalía de Instrucción a cargo del Dr. Raúl Garzón dispuso este viernes la detención e imputación de Matías Jesús Córdoba y su esposa, Eugenia Ludmila Ascarruz. Ambos eran inquilinos de la planta alta de la propiedad ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, la denominada «casa del horror» donde fue violada, asesinada y desmembrada la adolescente Agostina Vega a fines de mayo.
Con este procedimiento, ya son seis las personas detenidas en el marco del expediente judicial.
La pericia del silencio: música a todo volumen para demoler la coartada
La clave detrás de estos nuevos arrestos residió en una exhaustiva pericia acústica nocturna efectuada el pasado miércoles 5 de agosto en la misma vivienda. Con el fin de recrear las condiciones ambientales exactas de la madrugada del crimen, peritos judiciales reprodujeron una canción de la banda de cuarteto DesaKTa2 a distintas frecuencias y volúmenes desde la habitación de la planta baja.
El resultado del ensayo técnico fue contundente e inapelable: el sonido y los gritos eran perfectamente audibles desde el sector superior que habitaba el matrimonio, aun con las puertas cerradas.
A partir de los registros de cámaras de seguridad recopilados en la investigación, se acreditó que la víctima ingresó engañada a la casa a las 22:55 del sábado 23 de mayo. Apenas nueve minutos después, a las 23:04, ingresaron Córdoba y Ascarruz, quienes permanecieron encerrados en el piso de arriba durante 9 horas y 50 minutos. De acuerdo con los informes de la autopsia, Agostina fue asesinada por asfixia alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 24, mientras los inquilinos estaban presentes.
Un escenario plagado de cómplices
El abogado de la familia materna de la víctima, Carlos Nayi, calificó el avance judicial como un paso decisivo contra el «silencio cómplice». «El sentido común indica que es materialmente imposible que estas personas no hayan percibido a través de sus sentidos algo que era absolutamente anormal», fustigó el letrado en declaraciones a los medios locales. El matrimonio, que inicialmente aportó testimonio en calidad de testigos, quedó formalmente imputado bajo la figura penal de encubrimiento agravado.
De esta manera, el mapa de responsabilidades en la causa de la fiscalía se configura con una red de seis personas tras las rejas:
- Claudio Barrelier: Principal imputado, alojado bajo riguroso monitoreo en el penal de Bouwer. Enfrenta cargos por abuso sexual y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio), delitos que prevén una condena a prisión perpetua.
- Marianela Palmero: Pareja de Barrelier. Detenida por encubrimiento doblemente agravado. Estaba en el domicilio junto a su hija al momento del hecho.
- Soledad Andreani: Detenida por encubrimiento agravado. Se sospecha que facilitó el automóvil Ford Ka negro empleado para el traslado y descarte de los restos en un descampado.
- Osvaldo Fassetta: Amigo del femicida. Imputado por encubrimiento agravado bajo sospecha de brindar apoyo logístico en el ocultamiento del cuerpo.
- Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz: Los últimos detenidos, acusados de callar y ocultar el hecho para beneficiar al autor material.
La querella del padre de la adolescente, Gabriel Vega, insiste en que la investigación «tiene piso pero no tiene techo» y que continuarán requiriendo más imputaciones sobre el círculo íntimo del asesino. Afirman que los implicados colaboraron activamente para «limpiar» la escena antes del primer allanamiento policial.
