El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) dispuso un masivo embargo preventivo sobre un segundo conjunto de 144 bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad, incluyendo el histórico departamento de San José 1111 (barrio porteño de Constitución). En este inmueble, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra cumpliendo su pena bajo el régimen de prisión domiciliaria. La medida busca garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos para cubrir el perjuicio económico al Estado, fijado por la justicia en 685.000 millones de pesos.
El fallo dictado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso abre una segunda etapa de ejecución patrimonial. El objetivo de los magistrados es evitar que los imputados vendan o graven estos bienes mientras continúa el trámite para su decomiso definitivo.
Estatus de la propiedad: El departamento de San José 1111 está registrado bajo la titularidad de la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A.. La defensa de la exmandataria argumentaba que, al haber sido cedido el patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner (quienes no fueron condenados en este expediente), el bien no podía ser alcanzado. Sin embargo, el TOF 2 ratificó la extensión de la medida aplicando el artículo 23 del Código Penal, al determinar que la sociedad se benefició directamente del dinero proveniente de la corrupción vial.
Impacto en la prisión domiciliaria: El tribunal aclaró de manera taxativa que el embargo es de carácter preventivo; no representa una subasta inmediata ni altera la titularidad registral actual. Por lo tanto, Fernández de Kirchner no está obligada a abandonar el domicilio por el momento. No obstante, juristas señalan que de concretarse un futuro remate, la imputada se vería forzada a fijar una nueva residencia ante la Justicia.
El trasfondo económico: Esta segunda tanda de cautelares complementa un primer paquete de 111 propiedades (decomisadas previamente en noviembre) que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia tras las apelaciones de las defensas.
El listado completo de los nuevos bienes afectados
El alcance de la resolución judicial no se limitó al piso de Constitución, sino que avanzó sobre un extenso patrimonio inmobiliario, automotor y financiero:
Puerto Madero: Se embargaron un dúplex con cinco cocheras, además de otro departamento con dos cocheras y una baulera dentro del lujoso Complejo Madero Center. Registros de la causa señalan que tuvieron como único inquilino al empresario Cristóbal López.
Propiedades en Santa Cruz: La medida golpeó al predio donde se desplaza el Hotel La Aldea del Chaltén. También incluyó cuatro inmuebles en El Calafate (como el chalet de la costanera de la expresidente) y cuatro residencias en Río Gallegos ubicadas en las calles Alvear, Moreno, Mascarello y 25 de Mayo.
Cajas de seguridad: El TOF 2 incluyó formalmente en este recupero de activos los más de 5 millones de dólares atribuidos a Florencia Kirchner, hallados en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la instrucción de la causa Hotesur. La Justicia reiteró que la familia no ha podido justificar el origen lícito de estas divisas.
Vehículos de alta gama y empresas aliadas: Se renovaron cautelares sobre una camioneta Honda CR-V de Cristina Kirchner, autos de colección de Lázaro Báez (como un Torino GS, un BMW 630 y un Chrysler Coupe) y vehículos vinculados al exsecretario José López. Paralelamente, se embargaron inmuebles de las constructoras Kank y Costilla S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L., firmas de Báez asociadas al desvío de la obra pública en el sur argentino.
