En un paso decisivo hacia la digitalización total de la economía y la trazabilidad fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación en el régimen de factura electrónica obligatoria. La medida alcanza a nuevos sectores y contribuyentes que hasta el momento contaban con excepciones dentro del sistema general.
A través de este esquema normativo, las autoridades apuntan a reducir el uso del papel y reforzar el control fiscal sobre operaciones societarias, profesionales y comerciales. La implementación no será inmediata para todos, sino que se articulará mediante un cronograma progresivo que comenzará en noviembre de este año y tendrá una segunda etapa clave en marzo de 2027.
Los puntos centrales de la medida
Nuevas obligaciones: Los contribuyentes comprendidos deberán confeccionar de manera digital todas sus facturas, notas de crédito, notas de débito y demás documentos respaldatorios a través de las plataformas web o aplicaciones habilitadas por el organismo recaudador.
Fin de las excepciones: La normativa incorpora de forma obligatoria a sectores que históricamente emitían comprobantes de forma manual o física, siguiendo la línea de recientes resoluciones que ya sumaron al sistema a directores de sociedades, socios gerentes, abogados y peritos cuando perciben honorarios.
El papel, solo para emergencias: Los talonarios de comprobantes impresos no desaparecerán por completo, pero quedarán reservados estrictamente como mecanismo de contingencia. Solo podrán utilizarse de forma excepcional en casos donde existan problemas de conectividad o imprevistos técnicos que impidan el uso de los medios electrónicos.
Flexibilidad y control en simultáneo
Esta ampliación se complementa con las recientes actualizaciones del sistema de facturación impulsadas por ARCA, entre las que destaca la creación de la Liquidación Electrónica Mensual. Esta herramienta permite a determinados contribuyentes consolidar las operaciones de todo un mes para un mismo cliente en un único documento, simplificando la carga administrativa.
Asimismo, las medidas de control se han vuelto más estrictas en las operaciones de mayor volumen: el organismo exige identificar con DNI, CUIL o pasaporte a los compradores en transacciones con consumidores finales que igualen o superen los $10 millones.
Con este nuevo calendario, el Gobierno consolida la transición definitiva hacia un ecosistema comercial completamente monitoreado de forma digital, reduciendo los márgenes de informalidad en el mercado interno.
