La Justicia Federal abrió una causa penal tras una denuncia presentada por la propia Armada Argentina, la cual detectó una ingeniería delictiva dedicada al desvío de fondos públicos. La maniobra bajo la lupa, que se habría ejecutado entre 2022 y 2026, consistía en la liquidación de haberes falsos, suplementos indebidos y transferencias sin respaldo. El perjuicio total estimado por los investigadores podría escalar hasta los 1.600 millones de pesos. Como primera medida, el Ministerio de Defensa y la cúpula naval ordenaron separar de sus puestos a al menos diez militares implicados.
Una auditoría interna que destapó la estafa
La investigación administrativa comenzó dentro de la fuerza cuando una teniente de fragata y contadora pública detectó inconsistencias en las planillas y rechazó ofertas para sumarse al circuito ilegal. Tras profundizar los controles, las autoridades navales recopilaron 645 acreditaciones bancarias irregulares dirigidas a un grupo de 23 personas, entre personal activo, retirado y civiles.
La paradoja más grave del expediente penal radica en cómo operaba el sistema. Al advertirse los primeros desvíos informáticos a comienzos de año, los mandos superiores creyeron que se trataba de un error administrativo y ordenaron devolver el dinero. Sin indicios iniciales en su contra, la Dirección de Administración Financiera le encomendó la revisión de los controles al entonces Jefe del Departamento Revista, el Capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff. De este modo, el principal sospechoso terminó auditando su propia maniobra delictiva durante meses, hasta que los peritajes tecnológicos definitivos expusieron el fraude.
El núcleo del desvío: «Familiares y afectos»
De acuerdo con los datos recabados en la auditoría de la Armada, casi la mitad del dinero desviado se concentró en cuatro personas civiles que no poseían ningún tipo de vínculo laboral ni funcional con la institución militar.
El desglose de los fondos bajo investigación judicial señala a los siguientes beneficiarios principales:
María del Carmen Prieto ($152 millones): Cónyuge del Capitán Atanasoff. Registró 46 transferencias directas a su favor. En sede administrativa, el marino admitió haber diseñado el esquema informático en solitario para beneficiar económicamente a su entorno.
Damián Andrés Santana ($99,4 millones): Civil ajeno a la fuerza investigado en la causa.
Amalia Cristina Díaz ($91,9 millones): Civil bajo sospecha de percibir sumas millonarias sin contraprestación.
Natalia Carolina Yahia ($90,4 millones): Civil involucrada en el circuito ilícito de transferencias.
Avance de la causa penal y purga de uniformados
El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 2, subrogado por el juez Sebastián Ramos. La fiscalía interviniente ya solicitó de manera formal a la Armada Argentina las copias certificadas de los legajos personales de todos los imputados. El objetivo es precisar las funciones, los destinos y los períodos exactos en que los oficiales prestaron servicios en las áreas de liquidación.
Ante la gravedad institucional del hecho, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, el Almirante Juan Carlos Romay, ratificó la decisión de mantener una «tolerancia cero» frente a los delitos financieros dentro de las filas. La purga preventiva desplazó de inmediato a ocho capitanes y un suboficial vinculados al Departamento Revista y Finanzas. Los peritajes contables y tecnológicos continúan activos para determinar si existen ramificaciones o complicididades adicionales en otras dependencias del Edificio Libertad.
