Frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los distintos sectores que componen el peronismo han iniciado una ronda de discusiones urgentes para delinear el mecanismo de selección de su próxima candidatura presidencial. Aunque el escenario de una reforma electoral genera incertidumbre, puertas adentro del movimiento ya se evalúan cuatro alternativas complejas, aunque por el momento ninguna logra reunir el consenso necesario de la dirigencia.
La primera de las opciones bajo análisis es la realización de primarias no obligatorias, organizadas por el propio espacio político para medir la fuerza de los aspirantes en las urnas sin la estructura tradicional del Estado. Como segunda alternativa aparece la clásica interna partidaria, un método que limitaría la votación a los afiliados matriculados del Partido Justicialista (PJ) y sellos aliados, lo que garantizaría un mayor control territorial pero restaría masividad a la elección.
En sintonía con las nuevas tecnologías, un sector minoritario ha propuesto una elección abierta mediante dispositivos móviles. Este innovador sistema implementaría un mecanismo de identificación facial para validar la identidad de los votantes, buscando agilizar el proceso y convocar al electorado joven, aunque despierta fuertes dudas respecto a la seguridad informática y la transparencia del escrutinio.
Finalmente, la opción que asoma con mayor peso pragmático es la de un acuerdo político de unidad entre los distintos sectores. Esta alternativa evitaría el desgaste de una confrontación interna y se definiría mediante mesas de negociación entre gobernadores, intendentes, el sindicalismo y las agrupaciones nacionales, supeditada al análisis de las encuestas de opinión pública.
Con el calendario electoral en marcha y sin un liderazgo único que ordene el espacio, el peronismo ingresa en una etapa de definiciones clave. La falta de un criterio unificado estira las negociaciones, mientras la dirigencia coincide en que cualquier decisión tomada deberá blindar la legitimidad de quien resulte elegido para disputar la presidencia.
