La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete y actual funcionario de la administración nacional, Manuel Adorni, sumó un capítulo clave en los tribunales federales. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una nueva batería de medidas de prueba destinadas a auditar la veracidad del descargo presentado por el funcionario, concentrando el foco técnico en sus transacciones históricas con criptomonedas y extendiendo el análisis de su patrimonio.
El endurecimiento de la pesquisa surge luego de que la defensa de Adorni, encabezada por el abogado Matías Ledesma, presentara un escrito de 78 páginas para responder a las 20 observaciones patrimoniales formuladas previamente por los investigadores. En dicho documento, el funcionario justificó la tenencia de US$ 591.544,61 en efectivo bajo el argumento de haber realizado inversiones tempranas en Bitcoin entre los años 2014 y 2018. Según la explicación oficial de la defensa, el dinero obtenido de la posterior venta de estos activos digitales sirvió para financiar gastos cotidianos, la compra de un inmueble en Caballito y las costosas remodelaciones de su vivienda en el country Indio Cuá.
Ante este escenario, la Fiscalía Federal requirió al juez Ariel Lijo la autorización para llevar a cabo una exhaustiva pericia criptográfica sobre las ocho billeteras virtuales declaradas. El objetivo de los especialistas, que trabajarán en conjunto con la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público Fiscal y expertos de la Policía Federal Argentina, no consistirá únicamente en comprobar el acceso actual a los fondos, sino en determinar de forma técnica si Adorni ejercía el control efectivo de esas direcciones digitales durante el período en que se concretaron las presuntas compras y ventas en la blockchain.
Para resguardar la confidencialidad, la defensa entregó las claves privadas de las cuentas en un sobre cerrado y lacrado. El procedimiento propuesto estipula que un perito de parte asista con una computadora portátil para firmar digitalmente un mensaje de control mediante plataformas como Sparrow o Electrum, permitiendo verificar la titularidad sin necesidad de divulgar públicamente las contraseñas. La Justicia busca saldar la falta de trazabilidad bancaria, dado que el funcionario testificó que las operaciones de liquidación se llevaron a cabo de forma presencial y con transacciones en efectivo entre particulares.
Paralelamente, el avance judicial dispuso ampliar temporalmente la investigación hacia los inicios de la vida económica activa del matrimonio. Con el fin de verificar si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, contaban con la capacidad financiera real para generar el capital inicial que dio origen a las inversiones en criptomonedas, Pollicita requirió el levantamiento del secreto fiscal. De otorgarse la medida, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) deberá remitir las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales desde 1998, mientras que la ANSES informará la historia laboral íntegra de los involucrados.
Los detalles técnicos de los avances de esta causa y los requerimientos sobre los activos cripto pueden seguirse a través de las coberturas de medios nacionales que reflejan el minuto a minuto del frente judicial que afronta el oficialismo.
