Vecinos y organizaciones territoriales de la zona sur de Mar del Plata y Chapadmalal alertan sobre el sistemático avance de sociedades anónimas sobre el espacio público, la complicidad estatal y el uso de la justicia penal para perseguir a los ciudadanos que defienden los bienes comunes. El próximo martes 6 de octubre, el activista Kanki Alonso afrontará una audiencia indagatoria en una causa penal impulsada por un sector empresarial costero, en un escenario que la comunidad califica como una «embestida» para desarticular la organización comunitaria.
El origen del conflicto: del escombro a la recuperación comunitaria
La conflictividad en el litoral sur marplatense no es nueva, pero consolidó un hito organizativo en diciembre de 2019. En esa fecha, el titular de una sociedad anónima destruyó y trató como «escombro» la estela recordatoria de la masacre de Luna Roja (ocurrida el 2 de agosto de 1978), atropellando un sitio clave de memoria, verdad y justicia.
Este episodio desencadenó una inmediata reacción vecinal que puso al descubierto un entramado de irregularidades en la gestión de la costa:
- Bloqueo de accesos: Las empresas privadas mantenían cerrados los pasos hacia las playas y riberas, impidiendo el libre tránsito garantizado por ley. La acción comunitaria logró recuperar amplias áreas de playa pública que permanecieron inaccesibles durante dos décadas.
- Desvío de cursos de agua: Se constató y denunció el desvío ilegal de la traza del Arroyo Lobería en Playa Luna Roja, obligando a la Autoridad del Agua a intimar al municipio para restituir su estado natural.
Un entramado de privatización ilegal y contaminación
A través del estudio de los Pliegos de Bases y Condiciones de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF), las asambleas ciudadanas demostraron que los concesionarios privados incumplían sistemáticamente sus obligaciones bajo una presunta connivencia del Emtur.
Las denuncias penales activadas por los vecinos derivaron en investigaciones que expusieron graves infracciones ambientales y normativas:
Impacto ambiental comprobado
El Balneario Luna Roja fue clausurado en enero de 2020 tras detectarse un caño de vuelco de cloacas directo sobre la arena. Posteriormente, el 14 de abril de 2021, un allanamiento de la Justicia Federal en Manantiales Club de Mar constató la existencia de un sistema clandestino de pozos negros situado en plena zona de protección de desagües naturales. A pesar de que dos facultades emitieron recomendaciones sanitarias por los vuelcos ilegales, los funcionarios locales ignoraron las advertencias.
Violación sistemática de «retiros» y falta de permisos
La investigación vecinal determinó que las construcciones privadas violan de forma masiva las restricciones de edificación vigentes:
- Se vulneró el retiro de 20 metros de la franja libre de caminos (banquina de la Ruta Provincial 11) con la proliferación de paredones.
- Se ignoró el retiro de 50 metros en ambas márgenes de los arroyos, contaminando las aguas con pozos ciegos.
- Se desatendió el retiro obligatorio de 150 metros desde la línea de ribera marítima, mediante autorizaciones irregulares de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y el EMTURyC.
Ninguna de las obras ejecutadas cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) exigida por la ley provincial, omitiendo los mecanismos obligatorios de participación pública e información ambiental. Asimismo, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA) notificó a la comuna que se abstenga de autorizar nuevas obras sobre la Ruta 11, dado que los accesos vehiculares y bajadas públicas incumplen las exigencias técnicas de seguridad vial.
El Acuerdo de Escazú y la judicialización de la protesta
En este contexto de tensión, la respuesta empresaria se trasladó a los tribunales. La comunidad denuncia que se busca criminalizar la defensa ambiental a través de causas armadas sobre hechos falsos.
El caso testigo es el de Kanki Alonso, integrante de la comunidad de Chapadmalal, denunciado inicialmente por «usurpación» en la UTF Playa Redonda por una sociedad anónima. Los informes objetivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) derribaron esa acusación al constatar que no existió ocupación ni permanencia en el lugar. Ante el desmoronamiento de la hipótesis inicial, la caratula fue modificada al delito de «turbación» (que exige acreditar violencia o amenazas), lo que forzó una ampliación de la denuncia empresarial con nuevos relatos que contradicen las pruebas del expediente.
La defensa y los vecinos advierten que el proceso judicial, liderado por el agente fiscal Luis Alberto Ferreyra, ignora por completo las garantías constitucionales y los tratados internacionales de los que Argentina es parte. Específicamente, señalan la inobservancia del Acuerdo de Escazú, un instrumento regional con jerarquía constitucional que obliga a proteger expresamente a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. En junio de 2026, los residentes de Chapadmalal exigieron formalmente al Ministerio Público Fiscal bonaerense, conducido por Julio Conte Grand, información sobre la capacitación de los fiscales en la materia, un pedido que al día de hoy permanece sin respuesta y con los plazos legales vencidos.
La audiencia de este martes formalizará la indagatoria en un clima de fuerte expectativa vecinal. Desde las organizaciones comunitarias advierten que, si se demuestra fehacientemente que los testigos del sector privado falsearon o callaron la verdad de los hechos, exigirán la aplicación del artículo 275 del Código Penal por el delito de falso testimonio.
