El polémico médico Aníbal Lotocki declarará ante la Justicia en el marco del debate oral donde se lo acusa por las supuestas lesiones graves cometidas contra cinco mujeres. La audiencia se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17, integrado por los magistrados Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.
Según informaron fuentes judiciales, la jornada comenzará con la comparecencia de Paola Auzmendi, quien será la primera denunciante en brindar su testimonio ante el tribunal. Inmediatamente después de la declaración de la presunta víctima, está previsto que Lotocki rompa el silencio y preste declaración ante los jueces.
Este debate forma parte del complejo entramado judicial que rodea al cirujano, quien ya cuenta con una condena previa a 8 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación profesional por las lesiones provocadas a Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.
Un frente judicial múltiple y un entorno médico complicado
El presente juicio se unifica con otras investigaciones de extrema gravedad que acorralan al imputado:
- La causa Cristian Zárate: En paralelo, Lotocki se encuentra severamente imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, el hombre de 50 años que falleció en abril de 2021 tras una intervención estética en el Centro Médico Conde (CEMECO) de Caballito. Por este trágico hecho, el cirujano ya brindó su indagatoria en audiencias previas.
- Cómplices en el banquillo: Por el deceso de Zárate también están siendo juzgados otros profesionales de la clínica: el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico Polansky Peláez Hoyos, además de la directora y contadora del centro médico, Andrea Isabel Torelli.
- Acusación por encubrimiento: La causa investiga también las maniobras posteriores al fallecimiento del paciente. En este tramo aparece imputada Florencia Krzeczek, acusada de ocultar el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera peritado por los investigadores, un aparato que la fiscalía considera clave para reconstruir las comunicaciones de la clínica.
La declaración de este miércoles marca un punto clave en un proceso que mantiene en vilo a las víctimas de mala praxis y que ha reavivado las exigencias sociales por regulaciones de salud y fiscalizaciones médicas mucho más estrictas en el país.
