La República Argentina dio un paso histórico en la defensa de sus recursos naturales. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). La presentación busca frenar de forma urgente la exploración y explotación de hidrocarburos autorizada de manera unilateral por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte.
El marco jurídico del reclamo
Según informó la Oficina del Presidente de la República Argentina, la medida se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Esta herramienta legal permite requerir la intervención de la corte con sede en Hamburgo, Alemania, mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. El objetivo central del planteo es resguardar los derechos soberanos del país y evitar que las acciones británicas agraven la controversia territorial.
Esta acción se enlaza con el arbitraje iniciado por el Estado argentino el 28 de septiembre de 2026 bajo el Anexo VII de la CONVEMAR, contando con la participación del experto Mario Oyarzábal.
El proyecto Sea Lion y la postura británica
El conflicto se centra en el avance del proyecto petrolero Sea Lion en zonas marítimas bajo disputa reconocida por la ONU. Buenos Aires considera esta explotación unilateral una violación a sus derechos.
Por su parte, la funcionaria británica Uma Kumaran ha rechazado las medidas y sanciones impulsadas por la Casa Rosada. A pesar de esto, Argentina ratificó que utilizará los mecanismos judiciales disponibles para proteger los recursos y reafirmar sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos.
