Tras el rechazo legislativo a tratar su renuncia por falta de quórum, el mandatario paraguayo afronta el proceso de destitución impulsado por presunto mal desempeño y conflicto de intereses.
En medio de una severa crisis institucional y financiera, el Senado de la Nación de Paraguay, constituido formalmente como tribunal juzgador, fijó para el día de hoy la instancia en la que el presidente Santiago Peña deberá responder a las acusaciones en su contra por presunto mal desempeño en sus funciones. El proceso se desencadenó tras la estrepitosa caída de la entidad financiera privada Ueno Bank.
El libelo acusatorio, promovido unánimemente por la Cámara de Diputados, imputa al mandatario una vinculación directa y un conflicto de intereses con el holding de dicha entidad. El colapso del banco forzó la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) debido a un desplome en sus niveles de solvencia. La situación mantiene bloqueados los fondos de miles de usuarios privados y expone millonarias colocaciones de fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).
La comparecencia del jefe de Estado se da bajo un escenario de alta incertidumbre, luego de que Peña presentara formalmente su dimisión a través de un mensaje público. El tratamiento de la renuncia fracasó en el Congreso debido al retiro de legisladores oficialistas que dejó sin quórum la sesión bicameral. Horas después, el presidente comunicó que ejercerá formalmente su derecho a la defensa ante la Cámara Alta, aunque solicitó una prórroga para contar con mayor tiempo de preparación legal.
Para avanzar con la destitución del mandatario, la Cámara de Senadores requiere de una mayoría calificada de 30 votos de un total de 45 integrantes. Las autoridades parlamentarias prevén que el juicio político se desarrolle de forma célere, mientras la ciudadanía y los mercados internacionales siguen de cerca el desenlace de la jornada.
