Una capacitación obligatoria, periódica y permanente para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías sobre la cuestión Malvinas, instaurada por la Ley Nacional 27.671, comenzará el lunes en la Cancillería.
Así lo informó a Télam el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona -dependiente de la Cancillería-, quien expresó que, de esta manera, «se está dando un paso muy importante para consolidar la cuestión Malvinas ya no solo como una política de Estado sino también como una causa nacional».
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados en junio del año pasado y el proyecto sobre capacitación fue elaborado por la senadora fueguina del Frente de Todos (FdT) María Eugenia Duré.
En su artículo 1°, la norma establece «la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la ‘Cuestión de las Islas Malvinas’ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación».
El acto de lanzamiento de la ley se realizará el lunes próximo a las 16, en el Salón Libertador del Palacio San Martín, en el barrio porteño de Retiro, según se informó oficialmente.
Carmona explicó que la primera capacitación del lunes abarcará a funcionarios del gabinete nacional y se invitará a autoridades del Congreso y del Poder Judicial para recibir una capacitación sobre los aspectos centrales de la Cuestión Malvinas.
La Cuestión de las Islas Malvinas refiere a la situación colonial en que se encuentran las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos que integran el territorio argentino.
Desde 1983 Argentina y el Reino Unido tienen una disputa de soberanía por estos territorios, mientras que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce esta disputa de soberanía.
Según contempla la ley, la capacitación debe tener, como mínimo, información sobre los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos que la Nación Argentina utiliza en la Cuestión Malvinas; y también debe incluir información sobre las normas nacionales e internacionales vigentes.
En diálogo con Télam, Carmona recordó que la Cuestión Malvinas fue calificada por las Naciones Unidas como un «caso de descolonización colonial especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos».
Además, el funcionario destacó el «alto consenso político» alcanzado en el Congreso Nacional en ocasión de la sanción de la Ley 27671 y explicó que, desde su promulgación el 22 de julio pasado, se trabajó para definir la autoridad de aplicación, que quedó en la Cancillería a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Al respecto, precisó que se hizo un «trabajo con el Instituto de Administración Pública Nacional (Inap) para generar un curso autoadministrado para los funcionarios del Estado, que abarca a todos los trabajadores, independientemente del rango».
El próximo lunes también se abrirá la inscripción para la primera tanda de cursantes, que va a ser de 2.000 funcionarios y que comenzará a partir del 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.
En la elaboración del curso participaron el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas como la Comisión Nacional de Veteranos y Familiares de Caídos en la Guerra de Malvinas -que funciona en el ámbito del Ministerio del Interior-, el Museo Malvinas, instituciones académicas y gremios.
Por último, Carmona detalló que el curso contendrá no solo la información necesaria acerca de la disputa de soberanía y los reclamos de Argentina desde 1833, sino también la normativa internacional y los múltiples apoyos que recibió el país desde 1965 en adelante.
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