La Justicia de Córdoba investiga como un posible conflicto intersindical la balacera cometida contra el salón de un club de la ciudad de Córdoba donde se realizaba un acto político del sector gremial de limpieza y que de derivó en el crimen de una joven de 24 años la tarde del pasado sábado, informaron hoy fuentes judiciales.
El hecho ocurrió alrededor de las 14 del pasado sábado en el Club Yapeyú, de la ciudad de Córdoba, cuando el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), Sergio Fittipaldi, encabezaba un acto de campaña en el marco de las elecciones internas del próximo jueves para renovar autoridades de ese gremio.
En ese contexto, un automóvil pasó por el lugar y desde el interior se efectuaron varios disparos que, según la investigación preliminar que lleva adelante la fiscal Silvana Fernández, correspondían a un arma calibre 9 milímetros, uno de los cuales atravesó una de las aberturas del local e impactó en la clavícula de Gabriela Mónica Stefi Pérez (24).
La mujer, empleada de servicios de limpieza y mamá de una nena de cinco años, cayó herida al piso, fue auxiliada por un compañero y trasladada hacia el Hospital Córdoba, donde murió mientras era asistida en sala de terapia intensiva.
Fittipaldi, luego de ocurrido el hecho criminal, emitió un comunicado donde transmitió las condolencias a la familia de la víctima y responsabilizó del ataque al titular del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), Francio Saillen.
«Desde siempre Soelsac encabezó procesos electorales sin violencia, atado a los procedimientos electorales. Desde que Franco Saillen, dirigente de otro gremio, el Surrbac, se le ocurrió competir inéditamente en las elecciones de otro sindicato, los actos de violencia se sucedieron», acusó Fittipaldi en el comunicado.
Agregó que desde el gremio de Salillen «pretenden con actitud mafiosa avanzar sobre la vida interna del gremio Soelsac», y sugirió a la justicia que «no hay dudas de que la investigación judicial debe buscar en la participación de Saillen y entre sus supuestos representantes en la interna gremial de Soelsac», como los «verdaderos responsables del ataque».
La fiscal Fernández, en su línea investigativa, solicitó una serie de medidas procesales para tratar de identificar a los responsables de los disparos y a la vez si el ataque está vinculado a un conflicto entre ambos gremios por la pertenencia de sus afiliados, ya que un sector del Surrbac tiene representantes para competir por la conducción del Soelsac.
Saillen, mediante un video y declaraciones a los medios locales, respondió a las acusaciones y afirmó que lo sucedido fue «armado» por el Soelsac o por «algún problema entre facciones» de ese gremio.
«Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Que Fittipaldi hable y diga la verdad. Es llamativo que esto suceda a cuatro días de las elecciones» del Soelsac, apuntó Saillen.
En tanto, esta mañana, el abogado Carlos Nayi se presentó como el representante legal de los familiares de la víctima y aseveró ante los medios locales que «claramente se trata de un hecho criminal de tinte mafioso, con la idea de instalar el miedo, la posición de dominio, y marcar territorio, que es la cara visible del sicariato».
Al respecto dijo que solicitó a la fiscal Fernández que se identifique a los que atacaron a la joven y a los responsables intelectuales, al sostener que «son todos responsables y deben ser alcanzados por la mano de la justicia».
Dalma, hermana de Gabriela, manifestó esta mañana a canal 12 de Córdoba que también estuvo participando de la actividad política: «Sentí los balazos y comencé a correr. Tenía a mi bebé de dos meses en brazos. Busco a mi hermana y la veo ensangrentada tirada en el piso», y por el temor a las balas «todos habían desaparecido. Un compañero me ayudó y la llevaron al hospital», relató.
Asimismo afirmó que «los balazos no sólo eran desde afuera, también había cruce de balas adentro (del local)».
Otra hermana de la víctima, Gisella, dijo que estaban en el acto porque el gremio la «obliga a participar» de los actos políticos, caso contrario «no firman los contratos» de servicios de limpieza que ellas realizan.
«Quiero justicia. Quiero que se esclarezca y se condene a los culpables», pidió la hermana de Gabriela, quien fue velada y sepultada en la jornada de ayer.
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