La Corte y el “Per Saltum”. La explicación que se necesita por ✍ Jeremías Del Rio

Este tipo de cuestiones, que inundan la escena pública mediática, y que involucran circunstancias de carácter “técnico”, en principio difíciles, ajenas y extrañas a cualquier ciudadano que no sea entendido en leyes, en la generalidad de los casos, suelen ser más sencillas de lo que parecen

En el particular, el per saltum, no solo que ocurre en relativamente fácil de comprender, sino que también contiene cuestiones que desbordan la escena jurídica y que se instalan, más fácilmente, en la discusión política y el “tire y afloje” entre los poderes del estado…

 Y algún que otro poder más, claro.

Antes de todo, para entender, hagamos algunas apostillas:

  • 1) El per saltum es una suerte de “recurso” que se realiza por una persona (física, no-física o jurídica) cuando quiere “saltearse” pasos, saltar instancias judiciales, queriendo que directamente la Corte trate su asunto. La Corte, recordemos, es el máximo tribunal del país, ultimo interprete de la Constitución Nacional.
  • 2) Debe existir “gravedad institucional” para que la Corte admita el “per saltum”. Entiéndase por “gravedad institucional”: cuando un hecho en concreto puede poner en peligro las instituciones del país, trascendiendo el mero interés de las personas involucradas en el caso, etc. 
  • 3) Es la propia Corte quien determina cuándo se verifica esa “gravedad institucional” en el caso en concreto. Si entiende que se da la situación, se avoca a su tratamiento. 
  • 4)  Es MUY raro que la Corte admita el “per saltum”. Es excepcional entre las excepciones.
  • 5) Admitirlo, como ocurrió, no quiere decir que “le dé la razón” a los que pidieron su intervención. Esto último, viene después y aun no ocurrió. Nadie gano, ni perdió todavía.

¿Comprendido? Bien. Así, luego de esas apostillas, breves, usted ya comprende que es el “per saltum”, cuando se “admitiría”, que es eso de la “gravedad institucional” y que es en definitiva lo que paso hasta hoy. 

Ahora bien: respecto de eso de la “gravedad institucional” no hay que ser muy avispado para advertir que, en rigor, aquella ocurriría, principalmente, cuando la Corte dice que “hay gravedad institucional”. Bueno, para eso (entre otras cosas) estaría la Corte. Para resolver cosas cuando las papas queman. Sin embargo, en estos casos tan teñidos de vestigios políticos, suele ser complejo distinguir la paja del trigo, y lo jurídico pasa generalmente a segundo plano.

Volvamos. El problema del caso, trata sobre el traslado de jueces de un puesto a otro (mejor) y la posibilidad de hacerlo por parte del Presidente del país sin acuerdo del Poder Legislativo, y si esto puede generar alguna suerte de “derecho adquirido” a los jueces que fueron “beneficiados” con esta modalidad. 

Como algunos ya saben (o han escuchado) el traslado/nombramiento de jueces requiere necesariamente del acuerdo del Poder Legislativo (Senado) para que aquellos, efectivamente, pasen a ocupar sus bancas. Aclaro: esto no se le ocurre a un servidor, sino que lo ordena la Constitución Nacional, sin mayor dificultad. 

De esta manera, en orden al sistema republicano y democrático de Gobierno que tenemos, los “representantes del pueblo”, debidamente electos, son quienes terminan de dar el aval para que dichos jueces, funcionarios no electos en elecciones abiertas y populares, pasen a juzgar los actos de todos y cada uno de los ciudadanos de a pie. 

Estos jueces, que necesitan del aval del Poder Legislativo, necesariamente y por lógica, deben ser sujetos probos, doctos y, ante todo, honorables. Lo mejor de lo mejor, en teoría. Eso compensaría, entre otras cosas, el privilegio de “Ser”, sin tener que someterse a elección popular, entre otros privilegios que ostentan.  

Usted se preguntará ¿Pueden caber la posibilidad de que los jueces ocupen bancas sin acuerdo del Senado? La respuesta seria simple: NO. Usted se preguntará ¿Puede el presidente trasladar a gusto y placer, a través de decretos, sin acuerdo del Senado, a jueces de una banca a otra, o nombrarlos sin más? La respuesta seria simple: NO. Y por último, se preguntara también ¿Era necesario todo este escándalo, la intervención de la Corte, en un caso con procedimientos tan claros? Finalmente, aquí, es donde se involucra la política. Bienvenido al terreno de los “grises”.

Luego de esta última aclaración, y para no hacerle tan pesada la lectura, cerremos con algunas opiniones, propias, que surgen de todo este entramado:

  • Uno: La Corte, al hacer lugar a este “per saltum”, intenta tener la última palabra en la discusión social/política. Podría no haberlo hecho, rechazado el recurso (“per saltum”) sin más. Pero bueno… Es la Corte.
  • Dos: No creemos que la Corte haga lugar al pedido de los jueces recurrentes. Un mínimo de decencia y respeto por nuestra más alta norma nacional impide algo así. 
  • Tres: Si la Corte diera razón a los recurrentes, a estos jueces sin beneplácito del Poder Legislativo, podría ocurrir, sin más, una ruptura institucional democrática como jamás se ha visto. Permitir a los presidentes trasladar jueces de un lado a otro, sin intervención del poder democrático por excelencia (Poder Legislativo), imagine usted en qué tipo de democracia y república se transformaría nuestro país.

*Abogado. Especialista en Justicia Constitucional (Universidad de Castilla-La Mancha, España). Especialista en Derecho procesal profundizado (Universidad Notarial Argentina)

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