Las pericias que pueden definir nuevas imputaciones de policías en el caso Lucas

El análisis de las comunicaciones mantenidas a través de ocho teléfonos
celulares, de las imágenes de una cámara de seguridad colocada en una
esquina del barrio porteño de Barracas y la reconstrucción del hecho en el
que fue asesinado de un balazo Lucas González al ser atacado por Policías
de la Ciudad cuando iba en auto con sus amigos, son tres de las pericias
ordenadas por los investigadores para avanzar en nuevas imputaciones por el
encubrimiento del hecho, informaron fuentes judiciales.
Mañana, a partir de las 9, el fiscal a cargo de la causa, Leonel Gómez
Barbella, llevará adelante nuevamente la reconstrucción del hecho,
suspendida el martes último a raíz de una presentación de la defensa de los
tres policías procesados esta tarde con prisión preventiva por el homicidio
agravado de Lucas y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, los
efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
Mientras espera realizar esa diligencia, el Ministerio Público analiza
otras medidas para avanzar en posibles nuevas imputaciones a efectivos que
acudieron al lugar y presuntamente colaboraron para fraguar la escena del
hecho y encubrir el accionar de los autores.
Una de ellas es la apertura de ocho teléfonos celulares secuestrados en
poder de los seis detenidos con el fin de analizar las llamadas, mensajes
de texto y de Whatsapp desde el 17 de noviembre, cuando se produjo el
ataque a los adolescentes, en adelante.
Los dispositivos fueron enviados a la Dirección General de Investigaciones
y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración
General de la Nación, para que se realice una copia a ser analizada por
sistema UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas
en inglés).
El fiscal ordenó puntualmente transcribir todas las comunicaciones
telefónicas en las que se mencionen datos o información sobre el episodio
investigado y cualquier conducta tendiente a lograr su ocultamiento.
Asimismo pidió obtener todos los registros de comunicaciones, su ubicación
temporal exacta, y los datos de la agenda, abarcando todo otro archivo,
foto, audio o documento que contengan.
Los teléfonos pertenecen a los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos,
al subcomisario Roberto Inca, al principal Héctor Cuevas y a las oficiales
Micaela Fariña y Lorena Miño, todos detenidos como acusados de «falsedad
ideológica, privación ilegal de la libertad agravada, encubrimiento
agravado, amenazas y odio racial», agregaron los informantes.
Finalmente, el fiscal espera que la Dirección General de Investigaciones y
Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal envíe los resultados del
análisis de todo el material fílmico que hay en la causa, especialmente el
tomado por la cámara de seguridad ubicada en Iriarte 3109, y Vélez
Sarsfield, de Barracas, en el que pidió identificar gestos, ademanes,
exhibición de objetos y de armas.
En base a esas pruebas y a las declaraciones de testigos, víctimas y de los
propios imputados, la pesquisa busca identificar a más policías que
pudieron haber participado del encubrimiento, ya que una inusual cantidad
de efectivos llegó a la escena tras la balacera, dieron las fuentes.
El pasado 2 de diciembre, un oficial de la Policía de la Ciudad, señalado
por varios de los imputados como uno de los primeros en llegar al lugar del
ataque y como quien insultó a los amigos de la víctima y tiró al piso y
esposó a uno de ellos, se puso a disposición judicial y los investigadores
del caso evalúan acusarlo.
Voceros judiciales informaron que se trata del oficial Sebastián Baidón,
quien se desempeña en la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad y
es chofer del principal Cuevas, detenido por el encubrimiento.
Baidón fue mencionado por la mayoría de los policías acusados como «el
chofer tatuado» de Cuevas que llegó al lugar instantes después del ataque
policial, según las declaraciones indagatorias a las que accedió Télam.
También, según algunos de los acusados, fue quien insultó a los jóvenes y
tiró al suelo y esposó a uno de ellos cuando Lucas estaba aún baleado
adentro del auto.
En las últimas horas, en tanto, se anexó a la causa un informe
interdisciplinario elaborado por trabajadores sociales y una psicóloga la
Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal
(Atajo), que reúne una descripción de las características socio-ambientales
de la villa 21-24 y el NHT Zavaleta.
Segú lo informado por el Ministerio Público en su sitio Fiscales.gob.ar,
ese trabajo fue requerido en el marco de la investigación por el homicidio
de Lucas por los fiscales Gómez Barbella y el fiscal de la Procuraduría de
Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, a la Atajo, que dirige
Julián Axat.
Se trata de un estudio que pone de relieve el aspecto comunitario y
describe el tejido social de la villa de Barracas, donde se produjo el
crimen del joven, en el que, entre otras consideraciones, se destaca que en
experiencias anteriores, «se pudo observar un resquemor por parte de los
vecinos a poder realizar una denuncia en relación a un hecho de violencia
institucional basados en la posible represalia de las fuerzas policiales
para con los testigos o el barrio»
También, según ese informe, los habitantes de esas zona aseveraron «que los
casos denunciados no llegan a una resolución judicial que repare el daño
provocado».