La relativa calma de Costa Rica, habitualmente identificado como paraíso de la estabilidad y la justicia social entre sus vecinos centroamericanos, se rompió hace más de dos semanas.
Desde el pasado 30 de septiembre, el país está envuelto en protestas ciudadanas y bloqueos de decenas de carreteras y puestos fronterizos estratégicos para el país en los que cada día participan entre cientos y miles de personas.
El desencadenante fue la intención del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia, pero que se traduciría en una subida de impuestos, entre otras medidas.
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