Tras haber detectado “ineficiencias”, el Ministerio de Capital Humano ha decidido reemplazar el Plan Potenciar Trabajo -aproximadamente 1.300.000 empadronados- por dos nuevos programas. Se trata del “Programa Volver al Trabajo” (creado por decreto 565/23) y el «Programa de Acompañamiento Social».
Según informó la periodista Liliana Franco en Ámbito, el propósito es “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular”. En tanto que el segundo se establece “con la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social” según señaló la cartera que conduce Sandra Pettovello.
Un aspecto innovador del “Volver al Trabajo” es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados.
Se trata de un cambio significativo respecto del Potenciar, que limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, “desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal”.
Los registros de Capital Humano arrojan que, de un total de 1.400.000 participantes del Potenciar, “apenas el 1,3% consiguió transitar hacia un empleo formal, un porcentaje que pone de manifiesto una marcada ineficacia en el cumplimiento de los objetivos de empleabilidad del programa”.
Los beneficiarios de los nuevos programas «Volver al Trabajo» y «Programa de Acompañamiento Social» accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.
Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó distintas medidas. Una es que “los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, sin pasar por intermediarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional”.
Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.
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