Torturas en Malvinas: El freno del Poder Judicial constituye «una nueva violación para los derechos humanos»

El abogado del Centro de Ex Combatientes en La Plata (CECIM), Jerónimo Guerrero Iraola, representante de la querella en la causa que se sigue por las torturas sufridas por los soldados argentinos a manos de sus superiores en la Guerra de Malvinas, consideró este martes que el Poder Judicial «juega un partido por la impunidad», al cuestionar el fallo de la Cámara Federal de Casación que días atrás anuló los procesamientos que había en ese expediente al considerar que los delitos investigados habían prescripto.

“Quedan cuentas pendientes con la historia debido a que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de las violaciones a los derechos humanos que cometió la última dictadura militar. Las torturas no fueron hechos aislados, eran acciones deliberadas en las cadenas de mando y hay más de 176 testimonios y hay 95 militares denunciados. Al anular los procesamientos, se juega el partido de la impunidad», señaló Guerrero Iraola en declaraciones a Radio Provincia.

El letrado afirmó además que si la investigación no avanza, eso constituirá «una nueva violación para los derechos humanos» de los soldados de las tres armas que fueron victimas de abusos por parte de sus mandos cuando estuvieron desplegados en Malvinas durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.

“Hubo una planificación del Estado para silenciar estos hechos. La justicia Argentina está omitiendo juzgar en esta causa por torturas en Malvinas«, remarcó el abogado al cumplirse hoy 40 años de la rendición de la guarnición argentina en Malvinas que se enfrentó con las fuerzas británicas en la Guerra librada en 1982.

Antecedentes: El 30 de mayo de 2022, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar, por mayoría, al recurso de cuatro imputados en una causa donde se investigan torturas a los conscriptos y se basó para ello en un fallo anterior de ese mismo tribunal.

La Cámara de Apelaciones había denegado la extinción de la acción penal por considerar que «no era extensiva o aplicable la decisión de la Sala I de la Casación que, en septiembre de 2009 y con una integración distinta a la actual, había dispuesto que los hechos imputados no eran delitos de lesa humanidad.

Para el representante de la querella que siguen los excombatientes, «los jueces (de Casación) van forjando una lógica de implementación de las dinámicas que deben primar en materia de derechos humanos».

“Tenemos una causa similar que se encuentra en la Corte Suprema. Estamos esperando que se digne a fallar sobre esta cuestión. Casación sigue profundizando sus abordajes por la impunidad”, subrayó.

Días atrás, el titular de la Fiscalía General N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto De Luca, interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra un fallo de la Cámara Federal de Casación que había considerado que los crímenes de torturas perpetrados por los militares argentinos contra los soldados habían «prescripto» y no podían ser analizados como de lesa humanidad.

«Lo que pretendemos es que la Corte Suprema abra el recurso y analice de una vez por todas el fondo del asunto. Queremos que se resolva de una manera definitiva si los delitos investigados son de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de un ‘leading case’, del derecho internacional. Una situación única y difícilmente repetible”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen.

Actualmente, se tramita ante la Corte Suprema un recurso extraordinario federal por parte de la fiscalía que espera la resolución.

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