A través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó las modificaciones a la normativa de protección de hielos. La nueva ley otorga mayor autonomía a las provincias para definir áreas protegidas y habilita actividades en zonas antes restringidas.
Este viernes, el Gobierno nacional formalizó la promulgación de la Ley 27.804, que introduce cambios sustanciales en el régimen de protección de glaciares y el ambiente periglacial. La medida, que rige a partir de su publicación hoy en el Boletín Oficial, completa el proceso legislativo tras la sanción definitiva obtenida en la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril.
La nueva normativa altera la Ley 26.639 sancionada en 2010, con el objetivo de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico regional. Entre los puntos más destacados se encuentran:
Redefinición de Áreas Protegidas: Se limita la protección estricta a aquellos glaciares que tengan una «función hídrica relevante y comprobable».
Ambiente Periglacial: Se achica el área bajo resguardo al redefinir el concepto de ambiente periglacial, permitiendo potencialmente actividades en zonas de suelos congelados que antes estaban vedadas.
Autonomía Provincial: Se transfiere mayor poder a las provincias para que cada jurisdicción determine, bajo sus propios criterios técnicos, qué cuerpos de hielo proteger y en cuáles habilitar actividades extractivas, como la minería.
Actividades Habilitadas: La reforma permite avanzar con proyectos industriales y de exploración en el ambiente periglacial siempre que se demuestre que no hay una afectación significativa a la función hídrica.
Un debate polarizado
La sanción y posterior promulgación no estuvieron exentas de controversia. El oficialismo y sectores vinculados a la industria minera, como la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), sostienen que la ley original frenaba inversiones millonarias por una interpretación «demasiado amplia» de la protección ambiental.
Por otro lado, organizaciones ambientales como Greenpeace y sectores de la oposición advierten que estas modificaciones vulneran el principio de no regresión ambiental. Señalan que delegar la protección en las provincias podría generar conflictos interjurisdiccionales y poner en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce del país frente a la crisis climática.
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.804, se espera que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) continúe con el Inventario Nacional de Glaciares, aunque bajo el nuevo marco de competencias provinciales.
