La medida, calificada como «inédita en democracia», generó una presentación judicial de la diputada Marcela Pagano y el repudio masivo de organismos de prensa como ADEPA y FOPEA.
En un clima de máxima tensión institucional, el gobierno de Javier Milei fue denunciado penalmente este viernes tras disponer la prohibición total de ingreso a los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, que incluyó la inhabilitación de las huellas dactilares de los trabajadores de prensa, desató una ola de críticas que denuncian un «ataque directo a la libertad de expresión».
La presentación fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagan, quien acusó formalmente al Presidente; al secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez. Pagano sostuvo en su escrito que la Casa de Gobierno «no es propiedad privada» y que restringir el acceso a la prensa es un paso hacia el silenciamiento de voces disidentes.
Desde el Ejecutivo justificaron la decisión como una medida «preventiva» vinculada a una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal. El conflicto escaló luego de que se difundieran filmaciones del interior de Balcarce 50, lo que derivó en una denuncia penal previa del Gobierno contra los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por «revelación de secretos políticos y militares».
Organizaciones como ADEPA y FOPE emitieron comunicados de «máxima preocupación», señalando que este bloqueo no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia en 1983.
–ADEPA: Calificó la medida como «intempestiva» y esencialmente restrictiva del derecho de la sociedad a estar informada.
–FOPEA: Advirtió sobre la gravedad de alterar las condiciones básicas para la cobertura periodística del Poder Ejecutivo.
Por el momento, la sala de periodistas de la Casa Rosada permanece cerrada por tiempo indeterminado, mientras la Justicia analiza tanto la denuncia contra los periodistas como la presentación contra el Presidente por abuso de autoridad y censura.
