La investigación por supuestas irregularidades y cobro de retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un avance crucial. El juez federal Ariel Lijo resolvió avanzar con una compleja pericia técnica sobre las grabaciones telefónicas atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. La medida busca determinar de forma concluyente si los registros son auténticos o si sufrieron alteraciones digitales mediante Inteligencia Artificial (IA).
El exfuncionario deberá presentarse ante los tribunales de Comodoro Py para aportar muestras de su propia voz, un paso indispensable que solicitó el fiscal Franco Picardi. Este material de referencia, técnicamente denominado «indubitado», servirá a los especialistas para realizar un cotejo acústico-fonético profundo frente a los audios que desataron el escándalo.
El peritaje oficial quedó formalmente delegado en los laboratorios especializados de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, dejando atrás las controversias por los informes privados presentados previamente por las defensas.
La resolución judicial fijó una estricta batería de puntos técnicos que el equipo interdisciplinario de expertos deberá responder detalladamente en su informe final:
Detección de Inteligencia Artificial: Investigar si los archivos muestran indicios de clonación de voz (voice cloning) o conversión de texto a voz (text-to-speech).
Evidencia de edición posterior: Buscar rastros técnicos de manipulación, tales como cortes ocultos, superposiciones de pistas o inserciones de frases fuera de contexto.
Análisis de origen: Certificar de modo pericial si el material procesado corresponde a una voz humana real no sintética.
Estudio comparativo web: Incluir en el análisis dos versiones de los audios que circulan abiertamente en internet para determinar si existen diferencias estructurales con las copias incorporadas al expediente.
La causa penal, iniciada tras la filtración de escuchas donde se coordinaba un presunto esquema de direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos de alto costo, provocó en su momento el desplazamiento inmediato de Spagnuolo de su cargo. Mientras que la defensa sostiene que todo el caso se armó sobre la base de «escuchas clandestinas y falsificadas», la fiscalía asegura contar con múltiples elementos de prueba independientes para sostener la acusación.
Los ingenieros y peritos designados cuentan con un plazo perentorio de 72 horas para aceptar el cargo e iniciar los trabajos en el laboratorio forense. El resultado de este examen resultará determinante para definir el futuro de la causa y la validez legal del principal elemento incriminatorio del expediente.
