El Ministerio de Economía de la Nación lanzó formalmente la licitación pública nacional e internacional para privatizar la red de Trenes Argentinos Cargas. La medida se implementó a través de la Resolución 1350/2026 firmada por el ministro Luis Caputo, estableciendo una concesión de la infraestructura ferroviaria por medio siglo y prohibiendo de forma explícita la participación de compañías controladas por Estados extranjeros.
Claves de la privatización ferroviaria
El nuevo esquema introduce cambios sustanciales en comparación con las privatizaciones de la década de 1990. Los puntos principales contemplan:
Sectores incluidos: Comprende las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
Extensión de la red: Abarca un total de 7.594 kilómetros de vías que atraviesan 14 provincias argentinas.
Incentivo por el RIGI: El Gobierno modificó mediante el Decreto 748/2026 las condiciones operativas para incluir la infraestructura ferroviaria dentro del [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)](1.1.6, 1.1.9). Esto permitirá a los operadores que inviertan más de u$s 200 millones acceder a flexibilizaciones fiscales, aduaneras y cambiarias.
Financiamiento por fideicomiso: El material rodante (locomotoras y vagones) será rematado de forma pública o integrado de manera optativa en las ofertas. Todo lo recaudado por estas ventas se derivará a un fideicomiso destinado exclusivamente a cofinanciar las obras viales obligatorias.
Acceso Abierto: Se aplicará un modelo de libre competencia donde diferentes firmas privadas con formaciones propias podrán transitar las vías pagando un peaje, eliminando la exclusividad absoluta de un solo operador integrado.
Interés del sector privado y geopolítica
El proceso licitatorio despierta un fuerte interés en las industrias del agro y la minería, los principales usuarios de estas rutas logísticas hacia el Gran Rosario y los complejos portuarios.
Los competidores locales: El Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, un grupo compuesto por las firmas agroexportadoras ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, ya prepara su oferta en alianza con el Grupo Roggio.
Los competidores internacionales: La firma Grupo México Transportes (GMXT), en colaboración con la tecnológica estadounidense Wabtec, evalúa realizar una inversión estimada en u$s 3.000 millones para quedarse con el control integral de las operaciones.
La cláusula restrictiva: La inserción de un apartado que bloquea la participación de empresas vinculadas a gobiernos extranjeros funciona como un freno directo al interés previo de corporaciones estatales asiáticas, alineando la estrategia de infraestructura nacional con capitales occidentales y locales.
Argumento oficial y disolución de la firma pública
Según los fundamentos del ministro Caputo divulgados en la plataforma X, el sistema estatal de cargas arrastra décadas de ineficiencia. «Desde 1970 la producción agropecuaria se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces», afirmó el funcionario para justificar el retiro del sector público de la gestión comercial. Una vez que se adjudiquen los contratos y se concrete la transferencia de activos a los privados, la sociedad estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. será disuelta y liquidada de forma definitiva.
