Soberanía en el Atlántico Sur
Tras los anuncios brindados por el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional dio un paso firme en la defensa de la Plataforma Continental Argentina. A través de la Cancillería, se dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas acusadas de participar en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin el aval de la República Argentina.
La medida cobró fuerza legal tras la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial, una normativa orientada a agilizar los plazos procesales y endurecer los mecanismos de control contra quienes desarrollen o financien estas tareas en zonas marítimas en disputa con el Reino Unido. De esta manera, el Palacio San Martín —bajo la conducción del canciller Pablo Quirno— asume el rol de autoridad de aplicación directa de la Ley 26.659, la cual regula los permisos de exploración petrolera en el territorio nacional.
El foco en el proyecto Sea Lion
El detonante principal de esta ofensiva legal y diplomática es el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion (León Marino), impulsado en el archipiélago por las empresas extranjeras Rockhopper Exploration (de origen británico) y Navitas Petroleum (de origen israelí). Este plan estipula una perforación masiva con el objetivo de extraer miles de barriles de crudo diarios en aguas del Atlántico Sur bajo ocupación británica, una acción catalogada por el gobierno argentino como «ilegal e ilegítima».
Al respecto, la administración nacional advirtió que la extracción de recursos no renovables que pertenecen a la soberanía argentina no será tolerada. Para frenar este avance, el Estado desplegará herramientas económicas, judiciales y diplomáticas destinadas a inhabilitar a las firmas involucradas para operar en el resto del territorio continental argentino.
Efecto dominó: sanciones a proveedores y accionistas
La particularidad del nuevo decreto reglamentario radica en la extensión de su alcance. Las penalizaciones no se limitarán exclusivamente a las petroleras que encabezan los proyectos de extracción, sino que el Poder Ejecutivo buscará fortalecer los mecanismos de detección temprana para castigar también a:
- Accionistas y directores de las firmas involucradas.
- Empresas subcontratistas y proveedoras de servicios que faciliten la logística para llevar adelante la actividad en las islas.
Asimismo, los trámites hidrocarburíferos tradicionales y las nuevas inscripciones dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) exigirán de ahora en adelante la presentación de declaraciones juradas. El objetivo de este requisito es bloquear el ingreso de capitales o empresas vinculadas a la explotación clandestina de la Plataforma Continental.
Con el envío previo de casi 180 notas de desaliento a empresas y a cerca de 30 países, la República Argentina busca colocar a los actores corporativos frente a una disyuntiva clara: elegir entre una apuesta económica al margen de la ley internacional en un territorio en disputa, o mantener operaciones rentables, previsibles y seguras bajo las normas de un país soberano.
