El bloque de senadores del Partido Justicialista (PJ) dio un nuevo paso en la disputa jurídica y política por el manejo de las reservas nacionales al presentar una ampliación de la denuncia penal contra el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. La presentación judicial, encabezada por los legisladores Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria, también alcanza al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo
La medida de la oposición busca incorporar al expediente de la causa las presuntas inconsistencias y contradicciones derivadas de la reciente exposición de Bausili ante el Congreso, bajo la sospecha del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público
Contradicciones sobre el destino físico del oro
El núcleo de la ampliación de la denuncia radica en las explicaciones vertidas por el funcionario libertario la semana pasada ante un plenario de comisiones de la Cámara Alta. Mientras que Bausili aseguró formalmente que los lingotes de oro se encuentran depositados en Suiza (específicamente en el Banco de Pagos Internacionales) con el fin de generar rentabilidad, los senadores del PJ sostienen que existen fundamentos sólidos para sospechar que las reservas físicas en realidad fueron trasladadas a Londres
A este escenario se sumaron los informes preliminares de la Auditoría General de la Nación (AGN). El organismo conducido por Juan Manuel Olmos contradijo la versión oficial del Banco Central al señalar que no se han podido fiscalizar debidamente los cargamentos debido a trabas impuestas por las autoridades de la propia entidad monetaria para acceder a la documentación respaldatoria.
Exigen que el funcionario regrese al Senado
Paralelamente a la ofensiva en los tribunales, el peronismo impulsa un proyecto de resolución para citar de urgencia a Bausili nuevamente al Congreso. La oposición exige que el titular de la autoridad monetaria sea interpelado y exhiba los contratos de custodia, las pólizas de seguro tomadas, los costos de transporte de cada envío y las condiciones financieras de la relocalización patrimonial.
Uno de los principales ejes de preocupación parlamentaria es el riesgo de posibles embargos externos. Desde Unión por la Patria cuestionan la falta de información pública sobre si el patrimonio soberano argentino cuenta con las garantías jurídicas e inmunidades correspondientes para evitar ser alcanzado por litigios o medidas judiciales en el extranjero
