El abogado Mauricio D’Alessandro denunció una operación de inteligencia y sostuvo que las grabaciones que forzaron la renuncia del exfuncionario fueron manipuladas con inteligencia artificial.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2026. La defensa de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentará en las próximas horas un pedido formal de nulidad de la causa judicial que lo investiga. La decisión fue confirmada por su abogado, Mauricio D’Alessandro, tras conocerse un informe pericial de la Gendarmería Nacional que sembró severas dudas sobre la autenticidad de los audios que originaron la denuncia penal y derivaron en la salida del funcionario de su cargo.
D’Alessandro calificó la situación como una abierta operación de inteligencia en contra de su defendido y de altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional. Según el letrado, el peritaje oficial no pudo validar de manera fehaciente que el material sonoro sea original, exponiendo una duda razonable que, para la defensa, invalida el proceso judicial por completo.
El argumento de la defensa y el impacto de la IA
La estrategia legal de Spagnuolo se centrará en demostrar que la prueba fundamental de la imputación carece de validez legal por haber sido manipulada de forma digital. De acuerdo con las declaraciones del abogado defensor, las cintas de audio fueron editadas utilizando herramientas de inteligencia artificial a partir de fragmentos recortados de conversaciones privadas obtenidas de manera ilícita.
Se metieron en su privacidad y cortaron pedazos para generar audios que no existieron, aseveró D’Alessandro en declaraciones radiales. El letrado citó como ejemplo la mención explícita al supuesto cobro de retornos vinculados a figuras de la primera línea del Gobierno, señalando que esos diálogos fueron fabricados sintéticamente.
Con la presentación del pedido de nulidad, la defensa técnica busca que el juzgado federal interviniente desestime las grabaciones como elemento de prueba admisible, argumentando la violación de las garantías constitucionales del debido proceso y de la privacidad, sumado a la falta de certeza técnica sobre la legitimidad de las evidencias que sustentan la acusación.
