Tras la denuncia de un padre que detectó fotos del menor armado en un chat escolar, la Justicia ordenó un operativo en su domicilio. El joven de 16 años fue imputado en una causa que investiga amenazas e intimidación pública.
La comunidad educativa de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», ubicada en el barrio porteño de Balvanera, se encuentra en estado de alerta tras el allanamiento de la vivienda de un alumno de 16 años. El operativo se desencadenó luego de que el estudiante difundiera fotografías en las que se lo veía empuñando un revólver dentro del baño del establecimiento.
La investigación se inició gracias a la intervención de un padre, quien advirtió las imágenes en un grupo de WhatsApp denominado «3-1», integrado exclusivamente por alumnos. Las fotos, enviadas bajo la modalidad de «visualización única», estaban acompañadas por el mensaje intimidatorio: “La chispa está en 3ro 1ra”. El denunciante logró realizar capturas de pantalla de la publicación, las cuales fueron presentadas como prueba fundamental ante la Justicia.
Bajo las órdenes de las autoridades judiciales, efectivos policiales procedieron al allanamiento del domicilio del menor para asegurar el arma y cualquier otro elemento de interés para la causa. Fuentes policiales confirmaron que el joven fue imputado y se evalúa su situación en el marco de protocolos por intimidación pública.
Este caso no es un hecho aislado. En la misma semana, se reportaron incidentes similares que derivaron en allanamientos:
Recoleta: Un alumno de 13 años del Colegio Champagnat fue allanado tras publicar en su estado de WhatsApp una foto de una mano empuñando un arma junto a una caja de municiones, con el texto: «Voy a hacer un tirot-«.
Berisso y La Plata: En operativos paralelos, se allanó la casa de un joven de 13 años que posó con equipamiento táctico y un objeto compatible con un arma en redes sociales.
Curuzú Cuatiá: En el interior del país, la Policía de Corrientes ejecutó órdenes de allanamiento tras una denuncia de la rectora de un colegio secundario por amenazas similares en redes.
Las autoridades educativas y judiciales mantienen activados los protocolos de seguridad ante lo que parece ser una «ola» de amenazas impulsada por desafíos virales o tendencias digitales, instando a las familias a supervisar de cerca la actividad de los menores en internet.
