Argentina ratificó en julio de 2025 un acuerdo esencial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que prohíbe los subsidios a la pesca ilegal, destructiva y no regulada.
Ahora, esta medida ya impacta de forma directa en las flotas que operan en el Atlántico Sur y representa un cambio histórico después de años de negociaciones internacionales.
El problema de los subsidios en la pesca ilegal
Actualmente, gran parte de la flota pesquera que opera en aguas del Atlántico Sur recibe subsidios gubernamentales que garantizan su rentabilidad.
Esto es así incluso cuando estas violan normas laborales y ambientales.
«Es como si un negocio cruzando la calle no pagara impuestos y el Estado lo premiara con electricidad y servicios gratuitos. Ningún sistema en el mundo funcionaría así», señala Milko Schvartzman, experto en pesca ilegal en América Latina.
Las flotas afectadas provienen principalmente de China, Corea del Sur, Taiwán y España y su modelo de negocio depende de estos subsidios para ser rentable.
«Sin esos subsidios, muchas embarcaciones van a tener que operar a pérdida, y eso probablemente va a reducir la presión sobre el ecosistema«, explica Schvartzman.
El impacto de la pesca ilegal en el ecosistema marino
El calamar Illex argentinus, segunda especie más capturada del mundo, es el principal objetivo de estas flotas de pesca ilegal. Su extracción masiva afecta a:
–Merluzas
–Cachalotes
–Delfines
–Aves marinas
–Pingüinos
–Lobos marinos
«Cualquier reducción de esta flota depredadora va a tener un impacto positivo directo sobre todo el ecosistema«, asegura el especialista.
Además de la captura del calamar, mamíferos marinos, tiburones y aves también sufren capturas incidentales o intencionales, mientras los barcos continúan contaminando las aguas.
Ahora, el acuerdo de la OMC representa un paso concreto para reducir la depredación y proteger la biodiversidad marina.
«Esto no es solo una señal, va a tener repercusión en el mundo real. Es un paso enorme para que el Atlántico Sur empiece a sanar», refuerza Schvartzman.
Los resultados esperados incluyen menos barcos destructivos, más especies protegidas y comunidades costeras fortalecidas.
La combinación de regulación internacional, vigilancia tecnológica y conciencia del consumidor abre la posibilidad de un cambio tangible en la protección del océano.
El rol de Argentina en el acuerdo de la OMC
Argentina es uno de los impulsores del acuerdo desde 2017.
«Durante una reunión de la OMC en Buenos Aires, Argentina fue uno de los impulsores e intentó que se aprobara el acuerdo. Siempre estuvo impulsándolo; prácticamente se convirtió en política de Estado«, recuerda Schvartzman.
El acuerdo permitirá así equilibrar la competencia con pescadores legales.
«Compiten de manera deslegítima con flotas que utilizan mano de obra esclava, no cumplen normas ambientales ni laborales, y encima reciben subsidios«, detalló el experto.
Y sentenció: «Este acuerdo va a ayudar a terminar con esa competencia desleal«.
Los desafíos pendientes para cuidar los mares
A pesar del avance, actualmente la fiscalización sigue siendo un problema.
Esto ocurre porque la ausencia de un organismo de regulación en el Atlántico Sur dificulta el control.
«Debería existir una comisión como la CAMLR de la Antártida, donde se monitoree qué se pesca, cómo se pesca, haya observadores y patrullajes«, alerta Schvartzman.
Además, el fraude en el etiquetado también preocupa.
En Argentina, casi el 40% del pescado que se ofrece en comercios no corresponde a la especie indicada.
Así, conocer el origen de los productos y exigir trazabilidad fortalece la pesca legal y sostenible.
