La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra hoy en una etapa de definiciones. La escribana Adriana Mónica Nechevenko está citada para declarar como testigo a las 10:00 ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.
El foco de la justicia está puesto en la certificación de las escrituras de al menos dos propiedades que, según la denuncia original, presentarían inconsistencias con las declaraciones juradas del funcionario. Se trata de un departamento en el barrio porteño de Caballito, valuado en 230.000 dólares, y una casa en el club de campo Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Los puntos grises de la investigación
La declaración de Nechevenko es considerada fundamental para esclarecer la ingeniería financiera de estas adquisiciones. La operación del departamento en Caballito, concretada en noviembre de 2025, llamó la atención de los investigadores debido a que Adorni habría obtenido un préstamo hipotecario privado de 200.000 dólares otorgado por dos jubiladas. La fiscalía busca determinar la capacidad económica de estas prestamistas y la legitimidad del origen de esos fondos.
Además del vínculo comercial, registros oficiales revelaron que la escribana visitó la Casa Rosada en al menos siete oportunidades entre 2024 y 2025, ingresos que ahora están bajo análisis judicial para determinar si guardan relación con las funciones públicas de Adorni.
Más citaciones en agenda
El avance de la causa no se detiene en la escribana. El fiscal Pollicita también citó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas de las hipotecas no bancarias que facilitaron las compras inmobiliarias del jefe de Gabinete. Por otro lado, en una línea de investigación paralela, el juez Ariel Lijo ordenó el peritaje del teléfono del periodista Marcelo Grandío en relación con el uso de vuelos privados a Punta del Este.
Mientras la justicia profundiza el rastro del dinero, desde el entorno oficial mantienen el respaldo al funcionario, aunque el escándalo patrimonial ha forzado un cambio en la estrategia de comunicación del Gobierno en los últimos días.
