El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzará en los próximos días con un requerimiento formal de justificación de bienes dirigido al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. La medida judicial se enmarca en la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juzgado del juez federal Ariel Lijo. El emplazamiento busca que el funcionario nacional aclare de forma documentada el origen de fondos destinados a operaciones inmobiliarias, suntuosos viajes al exterior y remodelaciones edilicias que la Justicia considera incompatibles con sus ingresos declarados.
Las inconsistencias patrimoniales bajo la lupa judicial
La pesquisa judicial se aceleró tras el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero dispuesto sobre el funcionario, su esposa Bettina Angeletti y las firmas comerciales que ambos integran. Según fuentes de los tribunales de Comodoro Py, los peritajes preliminares y los cruces de información revelaron movimientos económicos sospechosos:
–Flujo financiero desproporcionado: La fiscalía detectó que el jefe de Gabinete movilizó más de 349.000 dólares en un período acotado, registrando erogaciones mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares.
–Operaciones con criptoactivos: Informes remitidos por más de 20 plataformas de activos digitales (exchanges) confirmaron transacciones con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Tether (USDT) que no fueron consignadas en sus declaraciones juradas anuales.
–Obras en efectivo y sin facturar: El contratista Matías Tabar declaró bajo juramento en el expediente haber percibido 245.000 dólares en efectivo y «en negro» por las refacciones realizadas en la vivienda familiar de Adorni ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
–Pasajes y deudas millonarias: Se analizan desembolsos directos en divisas para viajes familiares a Aruba, Nueva York y Punta del Este, sumado a una deuda declarada de 335.000 dólares que debe cancelarse en el corto plazo.
El mecanismo procesal y el escenario de indagatoria
De acuerdo con el esquema previsto en el ordenamiento procesal penal para delitos contra la administración pública, la intimación formal será remitida electrónicamente a la defensa del funcionario mediante el sistema Lex. A partir de la notificación, Adorni contará con un plazo perentorio para presentar las pruebas y la documentación contable que respalde la legitimidad de sus bienes.
Los voceros judiciales confirmaron que el resultado de este descargo determinará el futuro de la causa penal: si el funcionario logra justificar adecuadamente las inconsistencias patrimoniales detectadas por la fiscalía, corresponderá el sobreseimiento; de lo contrario, el fiscal Pollicita solicitará formalmente al juez Ariel Lijo su citación a declaración indagatoria, el paso previo al procesamiento del imputado.
