La muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha conmocionado a la provincia de Chubut tras conocerse que las pericias preliminares detectaron lesiones internas en la cabeza. Aunque inicialmente el caso se presentó como un paro cardiorrespiratorio, el hallazgo de estos golpes ha dado un giro a la investigación, orientándola hacia una posible muerte violenta.
El hecho y los primeros indicios
El menor falleció el pasado domingo 5 de abril luego de descompensarse en la vivienda donde residía junto a su madre biológica y la pareja de esta. Ángel ingresó al Hospital Regional en estado crítico y, pese a las maniobras de reanimación, murió poco después.
Si bien en un primer examen médico externo no se observaron signos evidentes de agresión, la autopsia preliminar solicitada por el Ministerio Público Fiscal reveló lesiones internas craneales que no coinciden con una muerte natural.
Avances judiciales y declaraciones
El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, advirtió que la madre y su pareja serán detenidos de inmediato si el informe final de la autopsia confirma que el deceso fue consecuencia directa de golpes recibidos. Hasta el momento, las medidas adoptadas incluyen:
-Allanamiento: Se intervino la vivienda donde ocurrió el hecho para recolectar evidencia.
–Secuestro de dispositivos: La Justicia incautó teléfonos celulares para analizar las comunicaciones del entorno cercano.
–Asistencia a la víctima: El padre del niño está siendo asistido por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) de la fiscalía local.
Conflictos de tenencia y denuncias previas
El caso está marcado por una fuerte disputa familiar. El padre y la madrastra de Ángel denunciaron públicamente que el niño les fue «sacado» por la justicia de familia para ser entregado a la madre biológica, a quien el menor no veía hace años. Según los familiares paternos, el niño presentaba signos de angustia antes de ser restituido, lo cual se habría reflejado en videos que ahora circulan en redes sociales.
La investigación, liderada por el fiscal Facundo Oribones, busca ahora determinar si existió una cadena de negligencias judiciales y establecer la responsabilidad penal definitiva de quienes estaban al cuidado del menor al momento de su muerte.
