Lo que en un inicio fue anunciado como una compra que aliviaría la necesidad de hospitales para afrontar la pandemia de covid-19 en Honduras se ha convertido en un escándalo de mala gestión y presunta corrupción en el país centroamericano.
El gobierno de Juan Orlando Hernández, a través de la oficina de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), anunció en marzo la adquisición de hospitales móviles fabricados en Turquía que iban a «quintuplicar« la capacidad de atención médica en el país.
Pero pasaron las semanas, luego los meses y los siete sanatorios de campaña, con capacidad para 450 camas y con un costo de US$47 millones, quedaron en un limbo.
«Una vez lleguen los hospitales la instalación se hará en 3 a 5 días porque ya vienen con todo integrado adentro», decía en junio el entonces director de Invest-H, Marco Bográn, quien prometía que para julio estarían llegando al país los primeros.
La extraña demora destapó los enredos de cómo Invest-H hizo la compra a intermediarios, algo que fue investigado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que este miércoles emitió un informe sobre las irregularidades.
El TSC «constató atrasos injustificados en los tiempos de entrega» de hasta 107 días para el primer hospital, «equipos ofrecidos incompletos» y un «proceso de contratación sin garantías», entre otras fallas.
Además de anunciar que habrá acusaciones penales contra funcionarios, el fiscal general Óscar Chinchilla apuntó que la compra generó «perjuicios a la salud y la economía del país».
«Estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada«.
Casi siete meses después del anuncio de la compra, la Secretaría de Salud informó a BBC Mundo que este jueves entrará en funcionamiento el primer hospital en San Pedro Sula.
La escandalosa demora
«¿Dónde está el dinero?» es la pregunta que manifestantes han usado como consigna -y hasta la han pintado en letras gigantes en Tegucigalpa- ante la no disponibilidad de unas clínicas que hubieran sido útiles en los meses pasados, cuando el país vio los números más altos de contagios de covid-19.
La nación ha acumulado más de 84.400 casos confirmados de covid-19 y 2.500 fallecimientos -la segunda cifra de víctimas fatales de Centroamérica- hasta el martes 13 de octubre.
Pero el 18 de marzo, cuando el país inició la compra de hospitales móviles como parte de su estrategia de preparación para la pandemia, la situación era otra: 13 casos confirmados y solo un fallecido.
El gobierno esperaba la instalación de siete hospitales móviles: tres (con 91 camas cada uno) serían abiertos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca; cuatro (con 51 camas) para La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa.
También tendrían equipo de cuidados intensivos e intermedios, así como unidades de procesamiento de desechos.
El gobierno decía que estaba bien preparado para la pandemia.
Pero pasó el tiempo y ya con las críticas encima en junio, la encargada de la compra por parte del Invest-H, Sireya Díaz, dijo que desde el principio sabían que «iba ser muy duro para la población esa espera».
«Compramos los hospitales en marzo y a lo mejor a la población se le hace mucho tiempo que sea en julio que los vamos a tener; quiero decirles que en cuatro meses hacer este trabajo a nivel técnico es una labor titánica«, señalaba.
Pero la llegada de los dos primeros en julio no significó su pronta apertura.
Por el contrario, una inspección del Ministerio Público determinó que había material clínico dañado y algunos productos con fechas de expiración de 2016.
En una amplia investigación, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) -una asociación civil de Honduras- afirma que hasta octubre el país había recibido solo cuatro de los siete hospitales móviles.
Este jueves será entregado el primero por parte del Invest-H, indicó la Secretaría de Salud a BBC Mundo.
«El hospital ya se ha verificado, se han hecho las pruebas de todo el equipo para atender a los pacientes en estado crítico, Invest-H nos hará la entrega oficial el día jueves (15 de octubre)y nosotros contamos con un plan puesto en marcha», indicó la ministra de Salud Alba Consuelo Flores.
La verificación sanitaria de los hospitales ha sido «bastante compleja», por lo que la puesta en marcha bajo estándares nacionales e internacionales de las unidades ha sido lenta.
«No podíamos recibir hasta no estar seguros y nos hemos tomado el tiempo», indicó Flores, quien aseguró que el hospital móvil para Tegucigalpa está aún en proceso de acondicionamiento y certificación.
¿Qué errores se han detectado?
Tanto quienes protestan contra el gobierno de Hernández como el CNA han señalado que las fallas no solo han golpeado las finanzas públicas, sino también la atención médica de los hondureños.
«Los familiares de los fallecidos por esta crónica de impunidad anunciada deben saber que los responsables de garantizar el acceso a una salud digna, que determinaron no hacerlo, pagarán por sus vínculos a la corrupción», dijo un portavoz del CNA antes de que se revelara el informe del Tribunal Superior de Cuentas.
El organismo autónomo anticorrupción notificó al Ministerio Público que hay indicios de responsabilidad penal en la adquisición de las clínicas móviles.
Una de las fallas es que Invest-H eligió un intermediario, Elmed Medical System Inc, que no contaba con certificación ni experiencia para proveer hospitales de campaña como los que se instalaron en otras partes del mundo.
«Invest-H no verificó la información presentada» por la empresa, la cual a su vez subcontrató a otra firma sin experiencia para el ensamblaje de los módulos hospitalarios e incluso usó un código de certificación de su proveedor de Turquía para hacerlo pasar como propio.
Además, Invest-H pagó al 100% los US$47 millones sin ninguna garantía de cumplimiento de tiempos y no se cercioró de que su proveedor tuviera personal capacitado para instalar los hospitales.
Los exdirectivos de Invest-H Marco Bográn y Alex Moraes fueron destituidos y podrían enfrentar, junto a otros funcionarios, acusaciones penales.
La institución informó a BBC Mundo que está cooperando con la investigación.
En tanto, a excepción de la de San Pedro Sula, las clínicas que debían estar en funcionamiento en los meses más agudos de la pandemia aún siguen sin tener una fecha de apertura.
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