ras una sesión maratónica de más de 11 horas, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, el oficialismo de La Libertad Avanza logró la sanción definitiva de un proyecto que redefine los alcances de la protección ambiental en la cordillera de los Andes.
Los puntos clave de la reforma
La nueva normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de fomentar inversiones mineras, introduce cambios estructurales en la definición de las áreas protegidas:
–Redefinición del Ambiente Periglacial: Para que un cuerpo de hielo sea protegido, ahora deberá cumplir con una «función hídrica relevante y comprobable» en la cuenca donde se ubica.
–Federalismo Ambiental: Se otorga a los gobernadores provinciales mayores atribuciones para definir qué zonas califican como reservas estratégicas de agua dulce, permitiendo una interpretación más flexible para el desarrollo productivo.
–Apertura a Inversiones: El cambio normativo busca «ordenar el marco vigente» para poner fin a lo que el Gobierno denomina «interpretaciones arbitrarias» que frenaban proyectos de gran escala, especialmente bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El escenario en el recinto
La sesión contó con la presencia de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, quien supervisó el desenlace desde uno de los balcones del recinto. El oficialismo contó con el respaldo clave de bloques aliados como el PRO, sectores de la UCR, e Innovación Federal, incluyendo el apoyo de diputados cordobeses alineados con el gobernador Llaryora.
Por su parte, la oposición —encabezada por Unión por la Patria y la Izquierda— rechazó la iniciativa argumentando que representa un retroceso ambiental inconstitucional y un «despojo» de recursos hídricos críticos en un contexto de cambio climático.
Tensión externa y futuro judicial
Mientras se desarrollaba el debate, organizaciones ambientalistas y sectores de la juventud se manifestaron en las inmediaciones del Congreso bajo un fuerte operativo de seguridad. Referentes de ONG como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ya advirtieron que la ley será judicializada en los próximos días, alegando que viola el principio de no regresión ambiental y acuerdos internacionales como el de Escazú.
Con esta sanción, Argentina abre un nuevo capítulo en la gestión de sus recursos naturales, priorizando el potencial minero de la zona andina frente al estricto esquema de conservación que regía desde 2010.
