Como resultado de una investigación iniciada hace meses, el Gobierno de Javier Milei ya echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación, los abogados del Estado en litigios tan delicados como el que se ventila en Nueva York por la expropiación de YPF.
El caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.
Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una «reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo».
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.
