El Poder Ejecutivo nacional remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el año 2027. La iniciativa, que delinea las previsiones macroeconómicas del oficialismo para el próximo período, ratifica el equilibrio fiscal estricto como el eje innegociable de la gestión liderada por Javier Milei. A diferencia de ocasiones anteriores, el presidente no se presentó en el recinto ni realizó un anuncio por cadena nacional. La defensa técnica de las partidas quedará bajo la responsabilidad de los funcionarios del Ministerio de Economía
Las principales proyecciones macroeconómicas
El texto enviado al Palacio Legislativo contempla un escenario de marcada desaceleración de los precios y una consolidación de la actividad económica tras la aprobación parlamentaria obtenida en los períodos previos. Las metas más destacadas incluyen:
Crecimiento: Se calcula una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de entre el 4% y el 5%, impulsada por la inversión y el consumo privado.
Dólar: El tipo de cambio nominal oficial se estima en $1.847,60 para el cierre del ejercicio fiscal de ese año.
Balanza Comercial: El Gobierno anticipa exportaciones de bienes y servicios por más de USD 130.000 millones, generando un superávit comercial superior a los USD 15.000 millones.
Negociaciones clave con gobernadores y reforma de pautas de gasto
Con la mirada puesta en las elecciones legislativas que se celebrarán ese mismo año, el oficialismo enfrenta el desafío de tejer alianzas para alcanzar el quórum y aprobar el articulado. Para asegurar los votos de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada incluyó una serie de obras públicas y de infraestructura reclamadas por los gobernadores provinciales. Esto se presenta como un incentivo clave tras meses de fuertes caídas en las transferencias discrecionales hacia las provincias.
No obstante, el proyecto introduce modificaciones profundas que reavivarán las discusiones legislativas. La propuesta contempla eliminar normas que fijaban porcentajes mínimos obligatorios de inversión real en sectores sensibles como ciencia, defensa y educación (donde se suspende la meta del 6% del PBI). Asimismo, se establece una cláusula que obliga a las universidades públicas a rendir cuentas detalladas de la ejecución de sus recursos como condición obligatoria para la continuidad del envío de los fondos nacionales.
El cronograma tentativo del Congreso prevé que el debate formal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda —presidida por Alberto «Bertie» Benegas Lynch— comience la primera semana de octubre, con las primeras exposiciones de los secretarios de la cartera económica.
