Por Redacción
Los gremios nucleados en la CATT confirmaron un cese de tareas a partir de las 13:00 para movilizarse al Congreso. La medida busca presionar al Senado mientras se debate el proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Los principales sindicatos del sector transporte anunciaron un esquema de protesta para este miércoles 11 de febrero. La decisión, ratificada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), marca un distanciamiento de la conducción oficial de la CGT, que optó por movilizar sin un paro general nacional.
Cronograma y servicios afectados
La medida de fuerza no será un paro total de 24 horas, sino un cese de tareas escalonado diseñado para permitir que los trabajadores participen de la marcha al Congreso:
–Colectivos: La UTA amenazó con sumarse a la medida si no se respetan acuerdos salariales, aunque el servicio se verá condicionado por la movilización a partir del mediodía.
–Trenes y Subtes: Se prevé una interrupción total o parcial desde las 13:00. No obstante, el Gobierno dictó una conciliación obligatoria por 15 días para intentar desactivar el conflicto ferroviario.
–Camiones y Aviación: Los gremios liderados por Pablo Moyano y los sindicatos aeronáuticos confirmaron su adhesión total al reclamo contra lo que denominan el «ajuste laboral».
El eje del reclamo
El detonante de la protesta es el avance del proyecto de reforma laboral en el Senado. Según el análisis de organizaciones sindicales, la iniciativa propone cambios sustanciales como la reducción de indemnizaciones, la eliminación de multas por trabajo no registrado y la creación de un sistema de «banco de horas» que fragmentaría la jornada laboral tradicional.
«No alcanza con un día de paro para frenar esta reforma, pero el transporte debe marcar el camino», señalaron fuentes gremiales a Página|12, advirtiendo que este es solo el inicio de un plan de lucha más extenso si el Congreso sanciona la ley.
Desde el Ministerio de Capital Humano instaron a los gremios a mantener el diálogo y recordaron que las medidas de fuerza que impidan el traslado de ciudadanos podrían ser pasibles de sanciones bajo el protocolo de orden público vigente.
