El informe de la DAFI revela gastos desproporcionados, llamativas deudas y zonas grises en sus operaciones con criptomonedas. El fiscal Gerardo Pollicita prepara una intimación formal para el próximo mes de agosto.
La situación judicial del exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, sumó un capítulo determinante en la causa penal que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un exhaustivo informe contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que confirma la existencia de marcadas inconsistencias entre los ingresos declarados por el exfuncionario y el nivel de vida desplegado por su grupo familiar.
El documento técnico, considerado el pilar de la instrucción judicial, analizó minuciosamente la evolución económica y financiera de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde su desembarco en la función pública en diciembre de 2023. De acuerdo con fuentes con acceso directo al expediente, el análisis determinó una clara incompatibilidad entre los recursos lícitos acreditados y el flujo real de consumos, deudas y adquisiciones suntuosas efectuadas por la pareja.
Los siete ejes bajo la lupa judicial
El peritaje de la DAFI se estructuró a partir de una exhaustiva batería de verificaciones cruzadas entre registros bancarios, fiscales, notariales e informáticos. Sus conclusiones se concentraron principalmente en:
La coartada del Bitcoin: Adorni argumentó públicamente que parte de su riqueza se debe a una inversión temprana en criptomonedas de unos 200.000 dólares que le reportó considerables ganancias. Sin embargo, las plataformas consultadas por el fiscal (Binance y Lemon Cash) arrojaron datos que los peritos calificaron como carentes de documentación de soporte idónea y plagados de contradicciones
Inmuebles bajo sospecha: La compra de un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y la adquisición de una vivienda de descanso en el exclusivo country Indio Cuá.
Refacciones en efectivo: El testimonio clave del contratista Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia haber cobrado en mano 245.000 dólares en efectivo por remodelaciones en el country, dinamitó la contabilidad oficial del matrimonio al no registrar respaldos formales.
La coartada del Bitcoin: Adorni argumentó públicamente que parte de su riqueza se debe a una inversión temprana en criptomonedas de unos 200.000 dólares que le reportó considerables ganancias. Sin embargo, las plataformas consultadas por el fiscal (Binance y Lemon Cash) arrojaron datos que los peritos calificaron como carentes de documentación de soporte idónea y plagados de contradicciones cronológicas.
Llamativos acreedores: La investigación detectó pasivos por unos 335.000 dólares contraídos con personas particulares de llamativo perfil contributivo, entre los que figuran dos jubiladas y dos efectivos policiales retirados.
Consumos exorbitantes: Las tarjetas de crédito del núcleo familiar computaron erogaciones por más de 85 millones de pesos únicamente durante el período 2025.
Turismo de lujo: El rastreo de viajes internacionales y locales (con escalas en Aruba, España y Bariloche) expuso erogaciones millonarias bajo sospecha de haber sido abonadas con divisas en efectivo de origen desconocido.
Rectificaciones en cadena y futuro judicial
Frente al avance del expediente impulsado por la denuncia original de la diputada Marcela Pagano, el exvocero gubernamental intentó regularizar su situación ante la Oficina Anticorrupción mediante una andanada de 22 rectificaciones en sus declaraciones juradas. Dichas enmiendas modificaron sustancialmente su patrimonio declarado, haciéndolo saltar de un piso inicial cercano a los 61 millones de pesos a una valuación consolidada superior a los 944 millones de pesos para el cierre del ciclo fiscal 2025. A pesar del blanqueo de estos activos, la Justicia determinó que el exfuncionario simplemente «volcó números» sin aportar las pruebas de origen que justifiquen semejante incremento contable.
Aprovechando la inminente feria judicial de invierno, el equipo de la fiscalía se abocará al encuadre estrictamente jurídico de los datos provistos por la DAFI. El plan procesal del fiscal Pollicita apunta a firmar un requerimiento formal de justificación patrimonial durante los primeros días de agosto. Esta figura legal obligará a Manuel Adorni a brindar descargos y evidencias fácticas específicas ante los tribunales de Comodoro Py. En caso de que sus justificaciones contables vuelvan a ser rechazadas por los investigadores, el magistrado de la causa, Ariel Lijo, quedará a las puertas de convocarlo a declaración indagatoria bajo cargos formales de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa.
